Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 2 de Abril de 2018 - 200 DPR __
| Emisor | Tribunal Supremo |
| Número del caso | CC-2018-181 |
| TSPR | 2018 TSPR 048 |
| DPR | 200 DPR __ |
| Fecha de Resolución | 2 de Abril de 2018 |
José
L. Morales Pérez
Certiorari
2018 TSPR 48
200 DPR __ (2018)
200 D.P.R. ___ (2018)
Número del Caso: CC-2018-181
Fecha: 2 de abril de 2018
Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de San Juan-Caguas
Abogado de la parte peticionaria: Lcdo. Ervin Sierra Torres
Oficina del Procurador General: Lcdo. Luis R. Román Negrón
Procurador General
Derecho Laboral, Despido Injustificado, Quiebras, PROMESA.
Resolución NO HA LUGAR del Tribunal con Voto particular de conformidad y Voto particular disidente. Paralizado por quiebra de Promesa.
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 2018.
Examinada la petición de Certiorari presentada en el caso de referencia, se provee no ha lugar.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió un Voto Particular de Conformidad al que se unen la Juez Asociada señora Pabón Charneco y los Jueces Asociados señores Kolthoff Caraballo y Feliberti Cintrón. El Juez Asociado señor Estrella Martínez hace constar la siguiente expresión:
El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente por los mismos fundamentos expuestos en sus votos particulares disidentes emitidos en Vera González v. ELA, res. el 19 de marzo de 2018, 2018 TSPR ___; Narváez Cortés v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, et al., res. el 21 de febrero de 2018, 2018 TSPR 32; ELA v. El Ojo de Agua Development, Inc., res. el 2 de febrero de 2018, 2018 TSPR 12.
El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió un Voto Particular Disidente al que se unen la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez.
Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES al que se unieron la Jueza Asociada señora PABÓN CHARNECO y los Jueces Asociados señores KOLTHOFF CARABALLO y FELIBERTI CINTRÓN.
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de abril de 2018.
Estoy conforme con que se emita una resolución
que provea no ha lugar al recurso de certiorari que tenemos ante nuestra consideración. Del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) infra, y de las disposiciones aplicables de la Ley de Quiebras federal, infra, surge claramente que cualquier reclamación monetaria que haya comenzado o hubiera podido comenzar contra el gobierno antes de que este presentara una peticiónde quiebra, está automáticamente paralizada hasta que culmine el procedimiento de quiebra o hasta que el tribunalfederal levante la paralización parcial o totalmente. Todo el caso está paralizado a menos que aplique una de las excepciones a la paralización automática de las que menciona la Sec. 362(b) de la Ley de Quiebras federal, infra.
El Superintendente de la Policía de Puerto Rico suspendió sumariamente al Sr. José L. Morales Pérez de su cargo como agente de la Uniformada. Ante esto, el señor Morales Pérez presentó una apelación ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), en la cual solicitó que se le reinstalara a su puesto y se le pagara el sueldo y los beneficios dejados de percibir. La CIPA emitió una resolución en la cual indicó que el caso estaba paralizado según lo dispuesto por el Título III de PROMESA, infra.
Ante esto, el señor Morales Pérez solicitó la revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación de la CIPA, ya que también entendió que el caso está paralizado. En lugar de acudir al tribunal federal para que ese foro autorizara que se viera la reclamación en la CIPA, el señor Morales Pérez acudió ante este foro mediante un recurso de certiorari.
Con el fin de lidiar con la situación económica de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos aprobó PROMESA, 48 USCA sec. 2101 et seq. La aprobación de esta legislación ocurrió en virtud del poder que la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, Const. EE. UU., Art.
IV, Sec. 3, otorga al Congreso sobre el gobierno de los territorios.
El Título III de PROMESA establece el procedimiento para que el gobierno de Puerto Rico pueda presentar una petición de quiebra. Por esto, incorporó ciertas disposiciones de la Ley de Quiebras federal. 48 USCA sec. 2161. La legislación federal de quiebras se aprobó con el propósito de ofrecer al deudor una herramienta que le brinde solución a sus problemas financieros a largo plazo y le permita comenzar de nuevo, entre otras cosas. Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust, 136 S. Ct 1938, 1950 (2016); Marrama v. Citizens Bank of Mass., 549 US 365, 367 (2007). Entre las disposiciones de la Ley de Quiebras federal que se incorporaron a PROMESA se encuentra la relacionada a la paralización automática, 11 USCA. sec. 362.
La paralización automática es una de las protecciones básicas que le ofrece el procedimiento de quiebras al deudor. Midlantic Nat'l Bank v. New Jersey Dep't of Envtl. Prot., 474 US 494, 503 (1986). Tiene como propósito proteger al deudor de reclamaciones del acreedor y, además, proteger a los acreedores de reclamaciones de otros acreedores. Collier on Bankruptcy, sec. 362.03 (Alan N. Resnick & Henry H. Sommer eds., 16th ed.). En otras palabras, busca preservar el caudal del deudor para que se pueda llevar un proceso ordenado de reorganización. Midlantic Nat'l Bank v. New Jersey Dep't of Envtl. Prot., supra, pág. 503.
El efecto de la paralización automática es detener...
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