Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 16 de Abril de 2019 - 202 DPR ___

Emisor:Tribunal Supremo
Número del caso:CC-2017-732
DTS:2019 DTS 72
TSPR:2019 TSPR 072
DPR:202 DPR ___
Fecha de Resolución:16 de Abril de 2019
RESUMEN

Litigación in forma pauperis - Resolución No ha lugar con Votos particulares de conformidad y Voto particular disidente.

 

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Eliezer Santana Báez

Recurrido

v.

Departamento de Corrección y Rehabilitación

Peticionario

Certiorari

2019 TSPR 72

202 DPR ___, (2019)

202 D.P.R. ___, (2019)

2019 DTS 72, (2019)

Número del Caso: CC-2017-732

Fecha: 16 de abril de 2019

Tribunal de Apelaciones: Región Judicial de Mayagüez - Utuado, Panel XI

Oficina del Procurador General: Lcdo. Luis R. Román Negrón

Procurador General

Lcda. Carmen A. Riera Cintrón

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la parte recurrida: Por derecho propio

Litigación in forma pauperis

Resolución No ha lugar con Votos particulares de conformidad y Voto particular disidente.

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2019.

Examinado el recurso de certiorari

presentado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, se declara no ha lugar.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un Voto particular de conformidad. El Juez Asociado señor Estrella Martínez emitió un Voto particular de conformidad, al cual se unieron la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez y los Jueces Asociados señores Rivera García y Colón Pérez. El Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo emitió un Voto particular disidente, al cual se unieron los Jueces Asociados señores Martínez Torres y Feliberti Cintrón. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco no intervino.

José Ignacio Campos Pérez

Secretario del Tribunal Supremo

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió un Voto particular de conformidad.

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2019.

Los Jueces y Juezas de este Tribunal tenemos la responsabilidad indelegable de garantizar que todas las personas puedan acudir a los tribunales en igualdad de condiciones, con independencia de cualquier otro factor que no sea el mérito de sus argumentos.

Ello necesariamente conlleva no imponer requisitos procesales adicionales a los que exige nuestro ordenamiento y que, peor aún, afectarían a los más desventajados. Por tanto, estoy conforme con proveer no ha lugar al recurso que presentó el Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Es una realidad innegable que, al igual que en otras jurisdicciones, nuestro Tribunal de Apelaciones funge como el tribunal de última instancia de facto para muchos ciudadanos y ciudadanas.

CC-2017-0732 2

De ahí la importancia de que este sea accesible, según lo exige la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4LPRA secs.24‑25r.

En particular, la Ley dispone que "[e]l Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con el objetivo [...] de dar mayor acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales. Deberá ofrecer acceso fácil, económico y efectivo a sus procedimientos, eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos". Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24u; véase Regla 2 (1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4A LPRA Ap.XXII‑B.

Asimismo, establece que este Tribunal aprobará las reglas internas del foro intermedio, "las cuales tendrán como propósito principal proveer un acceso fácil, económico y efectivo a dicho Tribunal". Art. 4.004 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24w. En lo pertinente, ese cuerpo reglamentario contendrá reglas dirigidas a, entre otras cosas, permitir la comparecencia efectiva de apelantes por derecho propio y en forma pauperis. Íd.

Véase Regla2(4) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4A LPRA Ap.XXII‑B.

Ante la política pública expuesta, al evaluar controversias como la presente, debemos adjudicarlas teniendo como norte los principios de acceso a la justicia, economía procesal y que los casos se ventilen en sus méritos. A esos efectos, corresponde también que seamos conscientes y sensibles a las circunstancias de las poblaciones marginadas.

Por tanto, resultaba improcedente expedir este recurso para dejar sin efecto la determinación del Tribunal de Apelaciones. Ello por alegadamente incumplir con un requisito jurisdiccional inexistente, lo que hubiese afectado la economía procesal y el acceso a los tribunales. Es decir, el hecho de que el tribunal intermedio haya concedido implícitamente una solicitud para litigar in forma pauperis no es un error que amerite revisión, según la reglamentación y la jurisprudencia aplicable. Menos aún para determinar que, por no resolver la solicitud expresamente, dicho foro no tenía jurisdicción para atender el recurso en los méritos. Resolver lo contrario equivaldría a retrasar y complicar innecesariamente el trámite apelativo por un alegado error del tribunal, sobre el cual la parte no tiene control ni capacidad de subsanar.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor ESTRELLA MARTÍNEZ, al cual se unen la Juez Asociada señora RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y los Jueces Asociados señores RIVERA GARCÍA y COLÓN PÉREZ

San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2019.

Ante la consideración de este Tribunal se encuentra una persona confinada que cumplió con todos los requisitos dispuestos en la ley para litigar in forma pauperis ante el Tribunal de Apelaciones. Ante ello, el foro apelativo intermedio aceptó implícitamente la solicitud de la persona indigente y resolvió la controversia en sus méritos, la cual exigía la intervención inmediata y eficaz de la Rama Judicial.

La firme jurisprudencia que ha reconocido los contornos de la litigación in forma pauperis no exige que el Tribunal de Apelaciones resuelva expresamente la petición de una persona para litigar como indigente. Resolver lo contrario laceraría el acceso de las personas indigentes a los foros judiciales, pues añadiría un requisito formal y jurisdiccional a la litigación in forma pauperis que constituye una bifurcación innecesaria que no promueve la economía procesal. Como agravante, en este caso, tal actuación redundaría en el absurdo de invalidar una sentencia que prioriza el interés y la protección de la vida de seres humanos. Por tales razones, estoy conforme con denegar la pretensión del Estado.

Dicho lo anterior, procedo a examinar el trasfondo fáctico y procesal de la controversia de epígrafe.

I

El Sr. Eliezer Santana Báez (señor Santana Báez o recurrido) presentó una Solicitud de remedio administrativo

ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección o peticionario). En ella, alegó que éste último trasladó a un confinado al módulo donde está adscrito, sin cumplir con la condición de ser testigo. El señor Santana Báez alegó que, por motivos de seguridad, los confinados que testificarán en procedimientos judiciales son separados del resto de la población de confinados. En consecuencia, arguyó que su vida estaba en peligro, pues se le permitió el acceso de una persona que no será testigo en procedimiento alguno al área protegida de testigos. Por su parte, Corrección desestimó la solicitud dado que entendió que el remedio era fútil o insustancial y que no conllevaba remediar su situación de confinado.

En desacuerdo con tal proceder, el señor Santana Báez acudió oportunamente, por derecho propio, al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. Junto al recurso, el recurrido presentó correctamente una solicitud para litigar in forma pauperis. Entiéndase, el recurrido presentó una declaración jurada en la que sustentaba su indigencia. Allí, en el recurso de revisión, señaló que Corrección erró al desestimar de plano su solicitud sin canalizar el asunto y al no remover al confinado ubicado erróneamente en su módulo. Fundamentó su solicitud en que el Estado y los confinados acordaron que los reclusos que fueran testigos del Estado o ex funcionarios públicos no serían albergados en las mismas facilidades que la población correccional general, por cuestiones logísticas de seguridad. Asimismo, el recurrido sostuvo que mantener tal condición, es decir, trasladar a confinados no testigos a su módulo, afectaba su seguridad. Por su parte, Corrección presentó su escrito en apoyo a la Resolución recurrida.

Ponderados los argumentos de las partes, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia en la cual revocó la Resolución emitida por Corrección. Ello, pues, entendió que el señor Santana Báez cuestionó con suficiente claridad y especificidad la práctica del peticionario "de ubicar confinados en áreas de testigos que plantea un potencial problema de seguridad".1 Así, pues, resolvió que "[d]ada la importancia del interés jurídico protegido -interés a la vida-

correspondía investigar cuidadosamente la situación y brindar al recurrente una respuesta adecuada".2 Por lo cual, concluyó que Corrección abusó de su discreción y que parecía "irrazonable que un problema de seguridad, aunque sea potencial, se despache de forma mecánica, irreflexiva e insensible".3 En consecuencia, ordenó que se investigara si la actuación impugnada constituía una amenaza al derecho de la vida del recurrido consagrado en la Carta de Derechos de nuestra Constitución.

Ante ello, Corrección presentó una Moción de reconsideración. En esencia, señaló que el foro apelativo intermedio no emitió una resolución en la que le concediese al señor Santana Báez la oportunidad de litigar como indigente. Asimismo, argumentó que el recurrido tampoco pagó el arancel de presentación, por lo cual, solicitó la desestimación del recurso de revisión. Apoyó su alegación en que el señor Santana Báez cuenta con los medios económicos suficientes para satisfacer el pago del arancel.

Atendida la moción, el Tribunal de Apelaciones dispuso no ha lugar...

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