Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia - 42 D.P.R. 845
Emisor | Tribunal Supremo |
DPR | 42 D.P.R. 845 |
No.: 4851, -Sometido: Abril 29, 1930, Resuelto: Noviembre 17, 1931.
Orden de Domingo Sepúlveda, J. (San Juan), declarando sin lugar moción de la apelante sobre nulidad de actuaciones, reconsideración de órdenes y otros extremos. Revocada en cuanto a la negativa a dejar sin efecto una orden autorizando la venta del inmueble embargado, dejándose dicha orden sin efecto así como los procedimientos posteriores a virtud de la venta, y confirmada en sus demás particulares.
H. Torres Solá, abogado de la apelante; Carlos J. Torres, abogado del administrador judicial.
El Juez Asociado Señor Hutchison, emitió la opinión del tribunal.
Algún tiempo después del nombramiento de un administrador judicial del
caudal hereditario de Frank B. Hatch, Carlos Armstrong e Hijos, Sucesores,
que en lo sucesivo será mencionada como la apelante, compareció como
interventora y solicitó:
Primero, que se eliminaran de los autos dos documentos fechados junio 15 y
agosto 17 de 1925, suscritos por un letrado como abogado de la viuda de
Hatch, en los cuales la última renunciaba a su derecho en la herencia.
Segundo, que se anularan dos órdenes, una nombrando un administrador
provisional, y la otra haciendo el nombramiento permanente.
Tercero, que se decretase la nulidad de una fianza prestada por el
administrador judicial y que se anularan todas las actuaciones de tal
administrador con arreglo a la misma.
Cuarto, que se dejara sin efecto una orden de octubre 27 de 1926 para la
distribución de $5,000 entre los acreedores que habían establecido sus
créditos, y otra de noviembre 13 de 1926 para la venta de bienes muebles e
inmuebles sin previa notificación a las partes interesadas, los herederos
desconocidos y los acreedores; y,
Quinto, que se declarara la validez y la efectividad de una sentencia
obtenida por la interventora en junio de 1925, y el derecho de la
interventora a una ejecución de tal sentencia mediante la venta de ciertos
bienes embargados.
Hatch falleció en mayo 8 de 1925. El 9 de mayo la apelante inició una
acción contra su viuda, Carmen Hernández, y John Doe y Richard Roe, como sus
herederos desconocidos. Se libró un embargo que fué trabado sobre una
participación pro indivisa en cierto predio de terreno. Más tarde, después
del hallazgo de un testamento, la corte de distrito, a instancias de la
apelante, ordenó que los demandados desconocidos fueran substituídos por
Carmen Hernández como única y universal heredera por virtud del testamento.
La demanda fué enmendada de conformidad, y en junio se obtuvo sentencia en
rebeldía contra la viuda.
El primero de julio la apelante obtuvo permiso para hacer parte en la acción
contra la viuda al administrador judicial últimamente nombrado. Ni la
demanda ni el emplazamiento fueron enmendados agregándoles el nombre del
administrador como parte. El administrador no fué emplazado.
Actuando en consonancia con un mandamiento de ejecución, el márshal entonces
se incautó de $1,581.05 depositados en un banco por el administrador
interino a nombre de la sucesión de Frank B. Hatch, y libró cheque por esa
suma a favor de la apelante. Luego la apelante obtuvo una orden para la
expedición de otro mandamiento de embargo por el balance insoluto de la
sentencia ascendente a $1,742.68.
La propiedad embargada estaba bajo la custodia del administrador judicial.
La apelante había radicado moción en el procedimiento de administración para
que se le permitiera vender los bienes embargados. La corte no había
considerado esta moción. No se llamó la atención del juez de distrito hacia
esos hechos y él ordenó la expedición de un mandamiento de ejecución.
Cuando el administrador judicial tuvo conocimiento de que los bienes
embargados estaban próximos a ser vendidos solicitó se dictara una orden
para que la apelante y el márshal se abstuvieran de proceder a la venta en
ejecución.
La apelante se opuso a lo pedido. El juez de distrito a quien
le fué
presentada la moción ordenó entonces que los bienes en cuestión no se
vendieran hasta tanto se considerara y...
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