Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 23 de Septiembre de 1929 - 43 D.P.R. 97

Emisor:Tribunal Supremo
DPR:43 D.P.R. 97
Fecha de Resolución:23 de Septiembre de 1929
 
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43 D.P.R. 97 (1932) FLORES V. ARRROYO RIVERA TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO La O Flores Salazar, demandante y apelado, v.

Angel Arroyo Rivera, María Aurora Estrada Espinet, demandados y apelados, y Juan Rivera Gutiérrez y Augusto Malaret, Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Primera, demandados y apelantes.

No.: 5195, Sometido: Febrero 6, 1931, Resuelto: Febrero 10, 1932.

Resolución de Domingo Sepúlveda, J. (San Juan) concediendo injunction preliminar solicitado. Revocada, anulándose el injunction.

Luis Llorens Torres, abogado de los apelantes; R. Rivera Zayas, abogado del demandante apelado; E. Rincón Plumey, abogado de los demandados apelados.

El Juez Asociado Señor Wolf, emitió la opinión del tribunal.

La O Flores Salazar entabló una demanda contra Angel Arroyo Rivera y su esposa María Aurora Estrada Espinet y contra Juana Rivera Gutiérrez, sobre nulidad de escritura de compraventa y de su asiento de presentación en el Registro de la Propiedad. Dentro del pleito radicó una solicitud de injunction pendente lite incluyendo como demandado al registrador de la propiedad del distrito correspondiente. Se libró una orden para mostrar causa. Los demandados comparecieron y mostraron las razones que a su juicio existían para que no se librara el injunction, y la corte, basándose en los artículos 1376 del Código Civil, 282 del Código de Enjuiciamiento Civil y 36 y 38 de la Ley Hipotecaria, y en la jurisprudencia que cita expresamente, concedió el injunction preliminar solicitado, previa prestación de $1,200 de fianza, a virtud del cual se prohibió a los demandados la inscripción en el registro de la escritura cuya nulidad se solicita, mientras el pleito se resolvía y hasta nueva orden de la corte.

Lo que sucedió fué que Angel Arroyo y su esposa adquirieron una finca que ya estaba hipotecada. La deuda hipotecaria no fué satisfecha. El acreedor instituyó procedimiento ejecutivo, compró la finca y posteriormente la vendió a La O Flores Salazar, demandante en este caso.

En el ínterin los demandados Angel Arroyo y su esposa vendieron la finca hipotecada a Juana Rivera Gutiérrez. La escritura de venta fué presentada en el registro de la propiedad por dicho Angel Arroyo. En el momento de esta presentación las escrituras a La O Flores Salazar y a su supuesto predecesor no habían sido presentadas o inscritas.

Los apelantes alegan que la corte de distrito no tenía derecho a ordenar al registrador que se abstuviera de hacer la inscripción. Originalmente nos sentimos inclinados a opinar que el registrador no era una persona que podía ser llevada a la corte en un procedimiento de injunction. El no tiene verdadero interés en el litigio. No damos demasiado énfasis al artículo 4 de la Ley de Injunction, que dispone: "No podrá otorgarse un injunction: "******* "3. Para impedir el cumplimiento de un estatuto público por funcionarios de la ley, en beneficio del público." Sin embargo, el artículo 28 de la Ley Hipotecaria dispone más particularmente como sigue: "Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta debe producir, la...

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