Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 21 de Marzo de 1932 - 46 D.P.R. 136

Emisor:Tribunal Supremo
DPR:46 D.P.R. 136
Fecha de Resolución:21 de Marzo de 1932
 

46 D.P.R.

136 (1934) MANESCAU V. CORTE MUNICIPAL

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ana María Manescau, peticionaria y apelante,

v.

Fernando H. Usera, Juez de la Corte Municipal de Ponce, demandado y

Carmen Ramírez, interventora y apelada.

No.: 6104

Sometido: Diciembre 22, 1933

Resuelto: Febrero 2, 1934.

Sentencia de R. H. Todd, Jr. (Ponce), declarando sin lugar petición de mandamus, sin costas. Confirmada.

R.

Atiles Moréu, abogado de la apelante; Angel Fiol Negrón, abogado de la interventora y apelada.

El Juez Presidente Señor del Toro, emitió la opinión del tribunal.

Este es un caso en el que está envuelta la cuestión de dónde debe celebrarse el juicio.

Carmen Ramírez formuló demanda en la Corte Municipal de Ponce contra Ana María Manescau, alegando en resumen que en pleito que contra ella siguiera Ana María Manescau en dicha corte municipal en cobro de diez y ocho dólares, se embargó y remató para satisfacer la sentencia una casa de la demandante situada en Ponce que se le adjudicó a la propia Ana María Manescau, y que a la fecha del embargo y del remate dicha casa, que tenía un valor de trescientos cincuenta dólares, constituía el hogar seguro de la demandante y sus hijos menores de edad, estando en tal virtud exenta de embargo y de ejecución. Pide una sentencia que declare: 1, que la casa constituía el hogar seguro de la demandante y sus hijos; 2, que a las fechas del embargo y del remate estaba exenta de embargo y de ejecución; 3, que el embargo y el remate de la misma son nulos; 4, que condene a la demandada a devolver la casa a la demandante, y 5, o si ello no fuere posible, a pagarle su valor, $350, con costas.

Emplazada la demandada, compareció el 21 de marzo de 1932 y presentó simultáneamente una moción de traslado del pleito a la Corte Municipal de San Juan por ser la del lugar de su residencia y otra solicitando la eliminación de ciertos particulares de la demanda.

En abril 14 siguiente la demandante se opuso al traslado por los siguientes motivos:

"1: Que la moción de traslado no viene acompañada de, ni se ha hecho al

radicarse contestación o excepciones previas a la demanda. Art. 82 del

Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico.

"2.

Que el juramento que se acompaña a la moción de traslado no es

suficiente en derecho, por cuanto en el mismo no se hace constar que la

declarante haya explicado los hechos de su caso a un abogado y éste la haya

aconsejado que tiene una buena defensa que oponer a las pretensiones de la

demanda; ni tampoco se alega en dicho juramento que tenga ella a su juicio

una buena defensa que oponer a la demanda, limitándose a decir que no adeuda

nada a la demandante, cuando la acción ejercitada no es cobro de dinero y sí en reclamación de un derecho de homestead.

"3: Que la acción establecida en este caso no es de naturaleza puramente

personal.

4: Que la propiedad objeto de este litigio está ubicada en Ponce; el

márshal que la embargó y remató es el márshal de la Corte Municipal de Ponce

y reside en Ponce; la demandante reside en Ponce; y todos los testigos y la

prueba, incluyendo el récord del caso que da origen a esta acción están en

Ponce, por lo que por dichos motivos y por la conveniencia de los testigos

en especial, se servirían mejor los fines de la justicia si el caso se

retuviera y viera ante esta Corte Municipal de Ponce.

Dos días después la demandada archivó una nueva moción de traslado por el mismo fundamento, con un affidavit de méritos más extenso, y un escrito de excepciones previas.

El 12 de mayo, 1932, la corte municipal resolvió la cuestión que se le planteara, así:

Se declara sin lugar la moción de traslado por haber quedado la demandada

sometida a la jurisdicción de la Corte al no excepcionar o contestar la

demanda.

Aponte v. Atlas Commercial Co., 27 D.P.R. 245.

Recurrió entonces la demandada en certiorari para ante la corte del distrito y ésta decidió el caso como sigue:

Vistos los artículos 77 y 82 del Código de Enjuiciamiento Civil, la

jurisprudencia sentada en los casos de Busó v. Borinquen Sugar Co., 19

D.P.R.

357, y Aponte v. Atlas Commercial Co., 27 D.P.R. 245, y examinados

los autos del caso civil No. 12179 de la Corte Municipal de Ponce, de Carmen

Ramírez v. Ana María Manescau, sobre reclamación de homestead, la Corte

declara sin lugar la petición en este caso y anula el auto de certiorari

expedido, todo ello sin especial condena en costas. El Secretario

registrará sentencia de conformidad.

Registrada la sentencia, se interpuso contra ella el presente recurso de apelación.

La primera cuestión suscitada es la de si cabe una petición de traslado tratándose como se trata de un pleito entablado en una corte municipal.

Desde 1923 la cuestión quedó resuelta expresamente por esta corte en sentido afirmativo en el caso de Rivera v. Aybar, 32 D.P.R. 548. La opinión fué emitida por el Juez Asociado Sr. Aldrey, y en ella se dijo:

"El Código de Enjuiciamiento Civil, que fué promulgado para la tramitación

de los procedimientos civiles en las cortes de distrito, establece en sus

artículos 75 al 86, inclusive, reglas fijando el lugar en el que deben verse

los pleitos y los casos en que deben ser trasladados a otra corte de

distrito, disposiciones que son aplicables a las cortes municipales por

haber dispuesto la sección 3 a. de la ley de 1904 reorganizando el sistema

judicial que todos los procedimientos ante las cortes municipales deberán

ser tramitados conforme a las reglas y procedimientos en práctica en las

cortes de distrito. Es cierto que por haber sido promulgado el Código de

Enjuiciamiento Civil para las cortes de Distrito se refiere a traslados de

una corte de distrito a otra de igual categoría, pero como dicho cuerpo

legal rige también en las cortes municipales, cuando de éstas se trata ha de

entenderse que el traslado es de una corte municipal a otra de la misma

jurisdicción para que pueda cumplirse el precepto de que las acciones

personales, como la ejercitada en esta demanda, deben verse en el distrito

municipal donde residiere el demandado al iniciarse el litigio y pueda ser

trasladada a él si se presenta en otro distrito municipal y se solicita el

traslado de acuerdo con la ley."

Y desde mucho antes lo había sido implícitamente en igual sentido por lo menos en los casos de Ortiz v. Gómez, 21 D.P.R. 507 y Almenas v. Iriarte, Juez Municipal, 29 D.P.R. 376.

La segunda cuestión a considerar es la de si no habiendo presentado la demandada su primera petición de traslado al comparecer a contestar o formular excepciones, quedó sometida a la jurisdicción de la corte en que el pleito se iniciara.

Examinados los hechos del caso de Aponte v. Atlas Commercial Co., 27 D.P.R. 245, que sigue la norma trazada por el de Busó v. Borinquen Sugar Co., 19 D.P.R. 357, encuéntrase que son iguales a los del presente. Aplicando los principios en esos casos establecidos sólo cabría dictar una resolución, confirmar la sentencia recurrida. Pero la apelante invoca un caso posterior, el de Ramos v.

Lloveras, 36 D.P.R. 685, y sostiene, con razón a nuestro juicio, que decide la cuestión envuelta en su favor.

Es cierto que según el resumen, dicho caso sólo resuelve que "una moción de traslado fundada en que se reside en otro distrito, no habiendo indicación alguna de que sea claramente frívola o evidentemente dilatoria, debe ser resuelta antes de procederse a la vista del caso y de dictarse sentencia", y que en el curso de la opinión se dice: "Desde luego que no nos confrontamos aquí con elemento alguno de renuncia o sumisión implícita, como en los casos de Busó v. Borinquen Sugar Co., supra, Ortiz v. Gómez, 21 D.P.R. 507; y Aponte v. Atlas Commercial Co. et al., 27 D.P.R. 245." Pero si se estudia cuidadosamente se verá que después de un examen cuidadoso del origen y significado de la ley y de la jurisprudencia, concluye:

Si se interpretan las palabras `al tiempo de contestar o excepcionar la

demanda'

de acuerdo con el espíritu y objeto de la disposición que estamos

considerando como que quieren decir `en el momento o antes de contestar o

excepcionar,'

entonces la conclusión a que llegó el comisionado codificador

de California es una cuestión de poca monta. Pero las palabras `comparece

y'

contenidas en la disposición anterior eran y son significativas, ya que

indican la intención predominante en las mentes de los primeros

legisladores--no obstante el desaliño con que fueron expresadas--a saber, al

tiempo de la primera comparecencia de un demandado, ya...

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