Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 27 de Marzo de 1930 - 54 D.P.R. 357

Emisor:Tribunal Supremo
DPR:54 D.P.R. 357
Fecha de Resolución:27 de Marzo de 1930
 

54 D.P.R. 357 (1939) TORRES V. MUNICIPIO TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO M.L.T., demandante y apelante, v.

El Municipio de San Juan, P.R., hoy Capital de Puerto Rico, demandada y apelada.

Núm.: 7444 Sometido: Noviembre 29, 1938 Resuelto: Febrero 21, 1939.

Sentencia de P.B., J. (SanJ., declarando sin lugar demanda sobre negatoria de servidumbre y otros extremos, sin costas. Confirmada.

C.D.V., abogado de la apelante; J.V.R., abogado de la apelada.

El Juez Asociado Señor Travieso emitió la opinión del tribunal.

D.M.L.T. presentó el 27 de marzo de 1930 una demanda conteniendo tres causas de acción contra El Municipio de San Juan, hoy Capital de Puerto Rico, en la que sustancialmente alegó: que es dueña de un solar en la sección norte de Santurce; que en enero de 1928 la demandada, sin permiso de la demandante y contra su voluntad, penetró en la referida finca, hizo una zanja y colocó en ella una tubería y registros para el desagüe del pozo séptico de la escuela J.E.B., ocupando dicha tubería una extensión de terreno de 31.53 metros cuadrados, valorados en $600; que ha requerido de la demandada que levante dicho alcantarillado y se ha negado a ello; que la demandante tiene fabricadas en dicha finca varias casas alquiladas, rentando no menos de $150 mensuales; que debido al mal olor que despide el respiradero construído se ha visto privada de alquilar sus propiedades, dejando de percibir rentas por valor de $2,000; y que la demandada ha venido usando los terrenos que ocupa el alcantarillado por espacio de cinco años y nueve meses sin pagar nada a pesar de haber sido requerido, y dicho uso tiene un valor justo y razonable de $2,070.

Contestó la demandada negando las alegaciones de la demanda y estableciendo como defensa que las tres causas de acción habían prescrito y que la propiedad en litigio era un callejón de su propiedad dedicado al servicio de la comunidad por más de treinta años, sin que hubiera sido molestada ni interrumpida en su posesión ni en las obras en él realizadas, tales como alcantarillado y servicios de luz y agua.

La corte inferior dictó sentencia declarando sin lugar la demanda por entender que la preponderancia de la prueba favorece a la demandada y además por no haber presentado la parte actora evidencia clara y convincente de un título de dominio ni haber identificado debidamente los terrenos. De dicha sentencia apela la demandante, señalando tres errores en la apreciación que hiciera la corte inferior de la evidencia.

Alega la apelante en primer término que la corte inferior cometió error al sostener que la demandante no probó su alegado dominio sobre los terrenos en disputa, ni identificó los mismos con la debida claridad.

Analizando la evidencia por ella aportada, cita la apelante una certificación del Registrador de la Propiedad de San...

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