Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 13 de Mayo de 1936 - 54 D.P.R. 7

EmisorTribunal Supremo
DPR54 D.P.R. 7
Fecha de Resolución13 de Mayo de 1936

54 D.P.R. 7 (1939) MARTÍNEZ V. REGISTRADOR

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Virginia Valentina Martínez y Mató, conocida por Carolina Martínez y Mató, recurrente,

v.

El Registrador de la Propiedad de San Germán, recurrido.

Núm.: 1025

Resuelto: Diciembre 20, 1938.

Moción sobre reconsideración de sentencia de este Tribunal de fecha julio 26, 1938 (53 D.P.R. 622). Sin lugar.

Oscar Souffront, abogado de la recurrente; el registrador recurrido compareció por escrito.

El Juez Asociado Señor De Jesús emitió la opinión del tribunal.

EN MOCION DE RECONSIDERACION

La recurrente solicita que reconsideremos nuestra resolución de 26 de julio último (53 D.P.R. 622), en la que se sostiene que el pacto de hacer extensiva una hipoteca al derecho de homestead que sobre la finca hipotecada pueda tener la deudora o sus sucesores en interés, es nulo por ser contrario a la ley de hogar seguro vigente (Ley núm. 87, de 13 de mayo de 1936, pág. 461).

La moción está basada principalmente en un dictum que aparece en el caso de Franceschi v. Claudio Elena, 51 D.P.R. 495, 502, que tratando de aclarar la decisión en el de Rodríguez v. Registrador, 51 D.P.R. 372, dice así:

"Debemos hacer constar, para evitar que se pueda dar al referido dictum mayor alcance que el que tuvimos en mente, que lo que quisimos decir fué que el dueño de un derecho de hogar seguro puede venderlo, permutarlo o gravarlo, siempre que lo haga constar expresamente en la escritura o instrumento correspondiente; y que el derecho de homestead se transmite también al comprador de un inmueble, cuando el vendedor por los términos del contrato vende, cede y traspasa todo su título e interés sobre el inmueble y entrega la posesión física del mismo al comprador, sin hacer expresa reserva su derecho de hogar seguro."

Sostiene también la recurrente que al amparo de lo resuelto en el caso de Franceschi v. Claudio Elena el 7 de mayo de 1937, se han otorgado un gran número de contratos de hipoteca sobre propiedades cuyo valor apenas excede de $500, en que los deudores tienen un posible derecho de hogar seguro que hipotecaron expresamente, y cuyas hipotecas aceptaron los acreedores al amparo de la ameritada decisión.

En primer término diremos una vez más que el caso de Franceschi v. Claudio Elena interpreta la Ley de homestead aprobada el 12 de marzo de 1903 (Comp., secciones 1000 et seq.), ley que fué derogada por la que rige en la actualidad y regía cuando se celebró el contrato de hipoteca que motiva el recurso gubernativo que nos ocupa. La ley que se aplicó en el caso de Franceschi v. Claudio Elena permitía la renuncia al derecho de homestead siempre que ésta se consignase expresamente en la escritura de enajenación, mientras que la que ahora impera, por el contrario, declara que "el derecho homestead es irrenunciable y cualquier pacto en contrario se declara nulo." (Sección 1, Ley núm. 87 de 1936, pág. 461).

En segundo término, la cuestión envuelta en el caso de Rodríguez v. Registrador, supra, fué la validez de una cláusula de una escritura de compraventa en la que el vendedor, con el expreso consentimiento de su esposa, enajenó cierta finca de la sociedad de gananciales, con todos sus

usos, etc., "incluyendo en esta venta el derecho de hogar seguro que tengan o puedan tener los esposos ... a fin de que pueda disfrutar de ella como única y legítima dueña." Y este tribunal, sosteniendo la validez de dicha cláusula, se expresó así:

"La cuestión a decidir en este recurso gubernativo es si una venta de propiedad inmueble en que se hace constar que el derecho de hogar...

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