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Autor:Ruth E Ortega-Vélez
Páginas:25-31
 
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BALDÍO: Baldío es el terreno que pertenece al Estado, pero que no está adehesado ni se labra, pertenece al dominio público para su común

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disfute o aprovechamiento, no produce más frutos que los espontáneos y naturales ofrecidos por la tierra. E.L.A. v. Tribunal Superior, 1969, 97 D.P.R. 644-3.

BANCARROTA: Significa quiebra. La palabra quiebra alude al hecho de romperse de modo definitivo la continuidad o normalidad mercantil de las operaciones de un empresario individual o colectivo a causa del desequilibrio económico entre su activo y su pasivo.

La voz bancarrota es de origen italiano, nacida de los negociantes de la Italia Medieval. Estos negociantes tenían un banco o banca en la plaza pública donde se establecían para convenir y saldar sus transacciones. Cuando el comerciante faltaba a sus compromisos, se acostumbraba a romper la banca donde este operaba. De ahí el significado de la palabra bancarrota que equivale a insolvencia o falta de cumplimiento normal de las obligaciones mercantiles. R. Martínez Mendoza, La quiebra y usted (San Juan: Ramallo, 1980) 6.

BENEFICIO: Es cualquier provecho, utilidad, ventaja, lucro, o ganancia, no estando limitado el término a una ganancia pecuniaria o material, sino que denota cualquier forma de ventaja. Art. 14

(d)del C.P. de 2004.

BESTIALISMO: Es un delito grave que comete toda persona que lleve a cabo, o que incite, coaccione o ayude a otra a llevar a cabo cualquier forma de penetración sexual con un animal.

BIENES DE USO PÚBLICO: Son bienes de dominio público los destinados al uso público como los caminos, canales, ríos, torrentes y otros análogos. Art. 255 del C.c. El Art. 256, señala: "Son bienes de uso público en Puerto Rico y en sus pueblos, los caminos estaduales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y obras públicas de servicio general, costeados por los mismos pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico". Los Arts. 255 y 256 hacen distinción entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales del Estado. Mediante el Art. 341, son bienes de dominio público: los ríos y sus cauces naturales, las aguas continuas y discontinuas de manantiales y arroyos que corran por sus cauces naturales, las aguas que nazcan de terrenos de dominio público, los lagos y lagunas formados por la naturaleza en terrenos públicos, las aguas pluviales que discurran por barrancos o ramblas cuyo cauce sea también de dominio público, las aguas subterráneas que existan en terrenos públicos, las aguas halladas en la zona de trabajos de obras públicas, aunque se ejecuten por concesionarios, las aguas que nazcan continua o descontinuamente en predios particulares, del Pueblo de los Estados Unidos, del de Puerto Rico y sus municipios desde que salgan de dichos predios y los sobrantes de las fuentes, cloacas y establecimientos públicos

Los conceptos de las Siete Partidas se recogen en la Ley de Aguas Española de 1866, extendida a Puerto Rico en 1886. Dicha ley dispone que son de dominio nacional y uso público: (1) Las costas o fronteras marítimas del territorio español, con sus obras, ensenadas, calas, radas, bahías y puertos. (2) El mar litoral, o bien la zona marítima que ciñe las costas en toda la anchura determinada por el derecho internacional. (3) Las playas. Se entiende por playa el espacio que alternativamente cubren y descubren las aguas en el movimiento de la marea. Según el Art. 2 de dicha Ley, tienen consideración de puertos marítimos las rías y las desembocaduras de los ríos hasta donde se internan las embarcaciones de cabotaje y altura que hacen el comercio marítimo. Fuera de estos casos, las riberas u orillas de los ríos conservan su carácter especial de fluviales, aun cuando estén bañadas por las aguas del mar. A tenor del Art. 3, son propiedad del Estado los fondeaderos, varaderos, astilleros, arsenales y otros establecimientos destinados exclusivamente al servicio de la marina de guerra. Lo son igualmente las islas formadas y que se formaren en la zona marítima, o en las rías y desembocaduras de los ríos, considerados como puertos marítimos. Mas, si las islas procediesen de haber un río cortado terrenos de propiedad particular, continuarán estos perteneciendo a los dueños de la finca o fincas desmembradas.

-Ley de Aguas: La Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976 -Ley para la Conservación, Desarrollo y Usos de los Recursos de Agua de Puerto Rico- fue aprobada con el propósito de nacionalizar las aguas de Puerto Rico. La Ley declara como propiedad y riqueza del Pueblo "todas las aguas y cuerpos de agua" de la Isla y le impone al Estado "el ineludible deber de administrar y proteger las aguas de nuestro país, a nombre y en beneficio de la población puertorriqueña".

-Ley de Minas: En Pagán v. Secretario, 1977, 106 D.P.R. 15, el Tribunal Supremo, expresa: "El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de Paz de París entre los Estados Unidos y España. Puerto Rico era un pueblo constituido en comunidad de derecho con cierto grado de personalidad internacional. El 12 de abril de 1900, mediante la Carta Orgánica (Acta Foraker), el Congreso de los Estados Unidos proveyó un gobierno civil para Puerto Rico; declaró como bienes públicos en la Sec. 13 ‘todas las

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propiedades que puedan haber adquirido en Puerto Rico los Estados Unidos por la cesión de España en dicho Tratado de Paz, en minas o minerales bajo la superficie de terrenos particulares’, las que puso "bajo la dirección del Gobierno estable-cido por la Ley Foraker, para ser administrados a beneficio del Pueblo de Puerto Rico"; y el Congreso dispuso que "la Asamblea Legislativa creada por la presente, tendrá autoridad para legislar respecto a todos estos asuntos, según lo estimare conveniente, con sujeción a las limitaciones impuestas a todos sus actos".

Al inaugurarse el régimen estatuido por el Acta Foraker, regía en Puerto Rico la Ley de Minas Española de 4 de marzo de 1868, predicada en el principio de que la propiedad de las minas corresponde al Estado, y bajo el mismo no se otorga a los particulares más consideración que la de concesionarios y nunca la de propietarios. En concordancia con esa Ley de Minas regían los Arts. 339, 426, 427 y 478 del Cc Español.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico nunca derogó ni enmendó la Ley de Minas Española, toda vez que dicha legislación especial no era incompatible sino acorde con la política pública sobre dichos recursos minerales inaugurada por el régimen norteamericano en Puerto Rico. La misma quedó amparada en su vigencia por la Orden General Núm. 1 de 18 de octubre de 1898, en la que el Gobernador Militar dispuso que las leyes provinciales y municipales serían mantenidas en todo su vigor, a menos que resultasen incompatibles con el cambio de condiciones realizado en Puerto Rico.

-Ley de Puertos: El Art. 5 de a Ley de Puertos de 1885 (Ley de Puertos de España de...

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