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Autor:Ruth E Ortega-Vélez
Páginas:111-132
 
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ECOSISTEMA: Es la unidad funcional básica que constituyen organismos vivos (comunidad biótica) y su ambiente no viviente (abiótico), cada uno de los cuales influye sobre la propiedad del otro, mediante el intercambio cíclico de materia y energía entre sus componentes, siendo ambos necesarios para la conservación de la vida tal como existe en la tierra. Reglamento de Zonificación. Asoc. de Residentes v. Junta de Planificación, 1998, 147 D.P.R. 277.

EDAD: Período de tiempo de existencia de una persona, que va desde su nacimiento hasta el momento de su vida que se considere.

EDIFICANTE O SEMBRADOR DE BUENA FE: El edificante o sembrador de buena fe es aquel que todo lo hizo creyendo que el terreno era suyo, o autorizado por el dueño. En este caso, el dueño puede quedarse con la mejora o la siembra pagando la indemnización o puede obligar al que edificó que le compre el terreno o al que sembró que le pague la renta correspondiente. La opción es solo del dueño del terreno. El edificante no puede ejercitar esta acción. El derecho de accesión puede ejercitarse cuando un edificante de buena fe construye en solar que le ha sido dado en arrendamiento, al terminar por cualquier causa el arrendamiento en cuestión. Cesani v. Tribunal, 1965, 92 D.P.R. 239.

EDIFICIO: Comprende cualquier casa, estructura, barco, vagón, vehículo u otra construcción diseñada o adaptada para, o capaz de dar abrigo a seres humanos o que pueda usarse para guardar cosas o animales o para negocio. Comprende, además, sus anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado. Art. 14 (h)del C.P. de 2004.

EFECTUAR TRANSACCIONES DE NEGOCIOS EN PUERTO RICO: A tenor de la Regla 4.7(a)(1) de Proc. Civil, cuando la persona a ser emplazada no tuviere su domicilio en Puerto Rico, el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico tendrá jurisdicción personal sobre dicha persona, como si se tratare de un domiciliado de Puerto Rico, si el pleito o reclamación surgiere como resultado de dicha persona haber efectuado por sí o por su agente, transacciones de negocio dentro de Puerto Rico. Por tanto la frase efectuar transacciones de negocios significa que es suficiente que haya una relación indirecta entre el demandado ausente y un intermediario, cuando este es un mero eslabón en el trámite mercantil preparado y aprovechado por el ausente para obtener un beneficio económico del foro local. Las transacciones no tienen que ser realizadas directamente por el demandado, no tienen que ser con propósito de lucro, ni tan siquiera comerciales. Se refiere más bien a las personas que se aprovechan de la protección de las leyes del foro local para realzar cualquier tipo de actividad. Las transacciones no tienen que ser realizadas por el demandado ausente, ni aún por su agente. Según el Tribunal Supremo en el caso Industrial Siderúrgica v. Thyssen Steel, 1983, 114 D.P.R. 548, la sola alegación de que el demandado violó una ley de Puerto Rico no es suficiente para conceder jurisdicción a los tribunales de la Isla. Tampoco es suficiente que se pruebe que el demandado conspiró con otra persona para violar las Leyes de Mono-polio de Puerto Rico. Ninguna de las dos alternativas significa hacer negocios en Puerto Rico.

Con relación al concepto efectuar transacciones de negocios de las Reglas de Procedimiento Civil, se debe tener presente tres normas básicas a las cuales, como regla general, hay que acudir para determinar la existencia de jurisdicción in personam

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sobre un no residente: (1) que el demandado no residente realice algún acto o efectúe alguna transacción dentro del foro, (dicho acto o transacción no tiene que efectuarse físicamente dentro del foro y basta que sea un solo acto o transacción, si sus efectos son suficientemente sustanciales como para establecer un contacto mínimo; (2) que la causa de acción surja o resulte de las actividades del demandado dentro del foro, y si surge fuera de este, el demandado debe realizar actividades que tiendan a mantener un "contacto mínimo sustancial" de este con el foro; y (3) una vez establecido el contacto mínimo entre el demandado y el foro, la asunción de jurisdicción a base de ese contacto debe ser compatible con los principios de trato imparcial y justicia sustancial del debido procedimiento de ley. Pou v. American Motors, 1991, 127 D.P.R. 810. Para poder ejercer jurisdicción sobre un ausente a base de contactos mínimos, no basta con probar que ese ausente sabía que el artículo que puso en el mercado probablemente vendría a parar a Puerto Rico.

EJERCICIO DE UN DERECHO: O cumplimiento de un deber: Se trata de un eximente de responsabilidad penal que aplica en situaciones de peligro donde surge un conflicto entre deberes y bienes jurídicos distintos. A tenor del Art. 27 del Código Penal de 2012: "No incurre en responsabilidad quien obra en cumplimiento de un deber jurídico o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo". Este artículo enumera cuatro supuestos en los cuales no incurre en responsabilidad quien obra en: (1) cumplimiento de un deber; (2) ejercicio de un Derecho; (3) ejercicio de un oficio y (4) ejercicio de un cargo.

Cuando el Derecho impone a alguien el deber de realizar un hecho previsto en un tipo penal o le confiere un derecho que se lo permite, es evidente, dice Mir Puig (pág. 475), que no puede considerarse contraria a Derecho -antijurídica- la realización de tal hecho. Por ejemplo, el deber de obedecer determinadas órdenes constituye una clase de deber impuesto por el Derecho.

ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO: Son aquellos elementos sin los cuales el contrato no es válido. Los elementos esenciales y propios del contrato son el consentimiento, el objeto y la causa. En ciertos casos, debe añadirse el requisito de forma. No obstante, el Art. 1210 del C.c. dispone que: "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley". Además de los requisitos esenciales, directamente imputables a la voluntad de las partes o expresamente resultantes de su negociación, existen otros elementos -elementos naturales-, que concurren de manera espontánea.

EMANCIPACIÓN: Es la institución jurídica mediante la cual se libera a un hijo de la patria potestad de sus padres, y se amplía extraordinariamente su capacidad de obrar, adquiriendo la persona un estado intermedio entre la incapacidad del menor de edad y la plena capacidad del mayor de edad. Es una causa de extinción de la patria potestad o un medio para adelantar la capacidad de obrar. Es una anticipación de la mayoría de edad, si bien con ciertas limitaciones. Martínez v. Ramírez, 1993, 133 D.P.R. 219. El emancipado puede obrar por sí mismo; pero, para el ejercicio de determinados derechos requiere el consentimiento de la persona a la cual correspondería la patria potestad o la tutela.

La emancipación es un acto jurídico válido aunque no se inscriba en el Registro Demográfico. La inscripción será únicamente un requisito de la emancipación en cuanto surta efectos contra terceros, pues de ningún otro precepto legal se desprende que el menor emancipado necesite para regir su persona y bienes la anotación previa de la escritura de emancipación en el Registro Demográfico.

Existen cuatro clases de emancipación: (1) la concedida por el padre o la madre que ejerza la patria potestad, (2) la matrimonial, (3) la judicial y (4) la proveniente de la mayoría de edad. A tenor del Art. 238 del C.c., concedida la emancipación por concesión de los padres, la misma no podrá ser revocada.

-Emancipación por el matrimonio:

Para obtener esta clase de emancipación no se requiere una edad específica; solo se requiere la realización del matrimonio contraído con dispensa. Sucn. De Jesús v. Sucn. Castro, 1943, 62 D.P.R. 580. La subsiguiente disolución del mismo durante la menor edad deja subsistente en su persona todos los efectos civiles de la emancipación, aunque no da a la persona la plena capacidad civil que produce alcanzar la mayor edad. La irrevocabilidad de esta forma de emancipación, según Mascareñas (pág. 35), viene determinada por la teoría de que la emancipación, por su propia esencia y peculiaridades características, es definitiva, en cuanto a que es una de las maneras en que termina la patria potestad. Si con posterioridad se da una causa de incapacitación, ello no equivaldría a revocar la emancipación válidamente efectuada.

En la eventualidad de que el matrimonio sea declarado nulo, como no habrá producido ningún

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efecto civil, será como si no se hubiera contraído. O sea, si se declara nulo el matrimonio, el poder paterno no se extingue y continúa sobre el menor el poder de la patria potestad de sus padres. Si el hijo está aún bajo la patria potestad de sus padres, estos deben dar su consentimiento para que su hijo menor contraiga matrimonio. El matrimonio nulo por falta de consentimiento o de forma, a pesar de que haya habido dispensa, no emancipa pues se trata de un negocio que no tiene eficacia.

El menor emancipado por el matrimonio, antes de cumplir dieciocho años necesita la colaboración del padre, la madre o un tutor para ciertas actividades de la vida jurídica, para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles o tomar dinero a préstamo.

Para los casos de menores sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Menores, su matrimonio no impide el ejercicio de los poderes de dicho tribunal; destacándose como significativo que la ley reserva jurisdicción al tribunal juvenil hasta que el menor llegue a su mayor edad, evidenciando así una intención legislativa de una continua función tutelar por parte del Estado, independientemente de cualquier cambio en el estado civil del menor. F.A.T.R. v. Directora Escuela Ind., 1961, 83 D.P.R. 838.

-Emancipación por concesión judicial: Aunque la emancipación por concesión de los padres y la emancipación por...

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