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Autor:Ruth E Ortega-Vélez
Páginas:147-151
 
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GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL ACUSADO: Son las garantías constitucionales que le ofrece el Estado al acusado para asegurarse el primero que el proceso criminal en contra del

segundo se realizará dentro de normas justas e imparciales. Aparecen en el Artículo II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico y en las Enmiendas IV, V, VI y VIII de la Constitución Federal. Las Reglas de Procedimiento Criminal y la jurisprudencia han establecido los procedimientos adecuados para validar el ejercicio de tales garantías. Las garantías son el debido procedimiento de ley:

1. El derecho a juicio rápido.

2. El derecho a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma: La omisión de entregar copia de la denuncia formulada contra un acusado viola su derecho constitucional a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación, si no hay una renuncia efectiva de ese derecho. Valentín v. Torres, 1958, 80 D.P.R. 463. O sea, ese derecho es renunciable por el inculpado y el mismo queda en efecto renunciado si no se reclama a tiempo.

Flores v. Bravo, 1956, 79 D.P.R. 505.

3. Derecho a carearse con los testigos de cargo. Véase: Derecho de confrontación.

4. Derecho a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor: Este derecho no está limitado a ninguna etapa del juicio en particular; no obstante, el mismo no es absoluto. Procede denegar una solicitud si las circunstancias no lo ameritan, como, por ejemplo, cuando el testimonio a ser presentado es de escaso valor probatorio. Pueblo v. Burgos Hernández, 1983, 113 D.P.R. 834.

5. Derecho a tener asistencia de abogado: En casos criminales, este derecho es parte del debido proceso de ley y puede quedar menoscabado cuando: (a) el abogado es incompetente para la tarea que se le asigna; (b) como cuestión de hecho la labor desplegada demuestra no haber sido efectivo; (c) hay un potencial o actual conflicto de intereses para el abogado, y (d) las reglas del tribunal constituyen una limitación irrazonable al derecho a tener asistencia de abogado. Este derecho se ha reconocido en la etapa de investigación cuando ésta toma carácter acusatorio, en el acto de lectura de acusación, durante el juicio, al dictarse sentencia y en la fase de apelación. Pueblo v. Ortiz, 1992, 132 D.P.R. 883.

6. Derecho a gozar de la presunción de inocencia: Sobre el particular, la Regla 110 de Proc. Criminal, establece: "En todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. Si la duda es entre grados de un delito o entre delitos de distinta gravedad sólo podrá condenársele del grado inferior o delito de menor gravedad". Esta presunción sólo puede ser refutada con prueba más allá de duda razonable, imperativo del debido proceso de ley. La carga de la prueba del Ministerio Público de probar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. No es suficiente con que el Estado presente prueba que meramente verse sobre cada uno de los elementos del delito imputado, o prueba suficiente, sino que, más allá de eso, es necesario que ésta, además de ser suficiente, sea satisfactoria, es decir, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. Irizarry, 2002 J.T.S. 68.

7. Derecho a que su caso se ventile ante un jurado imparcial: La esencia del juicio por jurado es que el acusado sea...

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