J

Autor:Ruth E Ortega-Vélez
Páginas:174-181
 
EXTRACTO GRATUITO

JUEZ: Es quien posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el fallo en un pleito o causa. Persona u organismo nombrado para resolver una duda, una competencia o un conflicto. Es todo integrante del Poder Judicial encargado de juzgar los asuntos sometidos a su jurisdicción. In re Reforma Judicial, 1994, 136 D.P.R. 23.

JUEZ ADMINISTRATIVO: Es el Juez de una agencia de gobierno, el encargado de mantener la fe de los ciudadanos en la justicia que imparte la agencia especializada. Tiene que estar consciente de la delicada labor de impartir la justicia que ejerce y velar porque sus actuaciones siempre respondan a las normas de conducta que estimulen el respeto y la confianza del Pueblo en la función que llevan a cabo. Al igual que un Juez que lleva su ministerio en la Rama Judicial, el Juez Administrativo, al entender en una controversia, tiene que ser prudente, sereno, imparcial y cuidadoso, esforzándose al máximo de su capacidad para evitar hasta la apariencia de conducta impropia, aunque al así hacerlo conlleve sacrificios personales. Canon 38 de Ética Profesional.

La imparcialidad en el ejercicio de sus funciones es una de las características esenciales del Juez Administrativo. Cualquier actuación que proyecte visos de parcialidad o arbitrariedad o la apariencia de conducta impropia, afecta su imagen y la fe del Pueblo en este sistema paralelo de impartir justicia y resolver controversias. Además, subvierte la fe de la ciudadanía en un importante sector de las instituciones que tienen a su cargo la pacífica solución de los conflictos, las agencias administrativas. El ejercicio de la práctica de la profesión de abogado, en este caso como Juez Administrativo, requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia. In re: Moreno Cortés, 2003 J.T.S. 91.

JUEZ PONENTE: Es el juez que tiene la oportunidad de presidir la vista careándose con los testigos y con sus declaraciones.

JUICIO EN SU FONDO: En Derecho Criminal es

el momento culminante y crítico; es cuando se adjudica en sus méritos la inocencia o culpabilidad del acusado. El juicio en su fondo consta de varias etapas.

JUICIO POR JURADO, DERECHO A: Se trata de un derecho consagrado en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico, que tiene todo imputado de delito grave. La Regla 111 de Proc. Criminal reconoce tal derecho y, en ciertas circunstancias, lo extiende a delitos menos graves. La encomienda principal del jurado es ser el juzgador de los hechos. El jurado tiene la última palabra no solo en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado, sino que, además, será el que determine el delito específico, o el grado del mismo, por el cual este debe responderle a la sociedad. Respecto a los Juicios por Jurado, el sistema procesal penal de Puerto Rico adopta el esquema del derecho común anglosajón donde el tribunal y el jurado son llamados a desempeñar funciones distintas e independientes con un fin común. Si bien tanto el jurado como el tribunal tienen inherencia en la evaluación de la prueba, la función de cada uno está circunscrita a encomiendas distintas, el primero a la apreciación de los hechos y el segundo a la conformidad de estos al derecho.

-Selección de jurados: Las Reglas 96 a 108 de Proc. Criminal regulan el procedimiento para la selección de jurados. El proceso requiere la preparación de ciertas listas de personas que constituyen los jurados disponibles y que sirven en esta capacidad por un período de un año. En el sistema procesal penal de Puerto Rico, en casos por jurado, el jurado y el tribunal tienen funciones distintas e independientes, incluyendo lo relativo a la evaluación de la prueba.

En Pueblo v. Hernández Mercado, 1990, 126 D.P.R. 427, el Tribunal señala que debe evitarse que los miembros del Jurado advengan a juzgar con una opinión ya formada. Para prevenir que los jurados que finalmente se escojan tengan esta opinión ya formada, el Tribunal puede tomar las siguientes medidas cautelares: (a) permitir y llevar a cabo un "Voir Dire" extenso y riguroso; (b) otorgar si fuera necesario recusaciones perentorias adicionales a las provistas en la Regla 123 de Proc. Criminal; (c) secuestrar al Jurado; e (d) impartir instrucciones cuidadosas y exhaustivas sobre su responsabilidad de rendir un veredicto basado en la prueba admitida en el juicio y no a base de información obtenida de otras fuentes.

-Jurado imparcial: La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de todo acusado de delito grave a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial. En Pueblo v. Rivera Nazario, 1996, 141 D.P.R. 865, al evaluar en qué consiste un "jurado imparcial" a los fines de un planteamiento de publicidad excesiva de un proceso penal, el Tribunal señala que hay que considerar que el ordenamiento constitucional confiere a la libertad de prensa un lugar privilegiado dentro del sistema de libertades civiles. Una alegación de prejuicio o parcialidad en un juicio por jurado, no puede fundarse exclusivamente en la difusión de las noticias perjudiciales o inflamatorias. El tribunal debe examinar en qué forma la información publicada ha influido el ánimo de los candidatos al jurado.

Ante un planteamiento de violación al derecho a juicio por jurado imparcial por efecto de publicidad adversa, los tribunales deben considerar el perjuicio real sufrido por el acusado a causa de la información pública, a la luz de la totalidad de las circunstancias y de los siguientes factores: (1) la naturaleza, cuantitativa y cualitativa, de la publicidad; (2) las medidas tomadas por el Tribunal para contrarrestar el potencial del perjuicio; (3) los reclamos del acusado; (4) la determinación de si el jurado tuvo efectivamente conocimiento de información del caso a través de los medios noticiosos; (5) si tal información recibida por el juzgador fue objeto de prueba en el juicio y si se trata de materia admisible como prueba; (6) la disposición de los jurados para emitir su veredicto solo con base en la prueba, descartando la información extrínseca originada por la publicidad del caso; (7) la conducta del ministerio fiscal.

-Instrucciones al Jurado. Para que el jurado pueda cumplir con su función, el Juez tiene que impartirle correctamente las instrucciones sobre el derecho aplicable. A través de estas instrucciones, el jurado toma conocimiento del derecho aplicable al caso. Un acusado tiene derecho a que se le transmita al jurado todos los aspectos de derecho que, bajo cualquier teoría razonable, pudieran ser pertinentes en las deliberaciones, aunque la prueba sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad. Le corresponde al jurado, no al tribunal, rendir un veredicto, conforme a la ley y los hechos del caso, según el jurado aquilate la prueba. Pueblo v. Rosa-rio Orangel, 2003 J.T.S. 167. Las instrucciones al jurado deben incluir los elementos del delito imputado, haciendo hincapié en que el ministerio fiscal tiene la carga probatoria de establecer todos los elementos del mismo más allá de duda razonable. También debe incluirse instrucciones sobre la forma de culpabilidad exigida para ese delito; es decir, sobre la intención o negligencia criminal requerida. El estado mental o mens rea es un elemento subjetivo que le corresponde

determinar al jurado a la luz de los hechos.

A petición de una parte, el Tribunal debe impartir instrucciones al jurado sobre toda cuestión pertinente sobre la que exista alguna prueba que lo justifique. El hecho de que la evidencia no sea del todo creíble, no autoriza la negativa de una instrucción sobre tal aspecto. No importa lo increíble que parezca la prueba de la persona acusada, esta tiene derecho a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA