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Autor:Ruth E Ortega-Vélez
Páginas:181-192
 
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LAUDEMIO: Derecho pagado al señor del dominio directo cuando se enajenan las tierras y posesiones dadas en enfiteusis. Según el Art. 1536 del C.c., en las enajenaciones a título oneroso de fincas enfitéuticas solo se pagará laudemio al dueño directo cuando se haya estipulado expresamente en el contrato de enfiteusis.

LAUDO DE ARBITRAJE: Es el dictamen que emite un árbitro. No es ni un contrato ni una sentencia, pero disfruta de la naturaleza de ambos. El laudo de un árbitro, por lo general, es final e inapelable, por lo que no puede litigarse en los tribunales lo que se arbitre válidamente. Un laudo puede ponerse en vigor aun si una parte del mismo es válida y otra inválida, siempre y cuando que la parte válida sea claramente separable y pueda subsistir por sí sola. En tal caso la parte válida será objeto de cumplimiento específico.

Ordinariamente, los laudos de arbitraje en el campo laboral merecen de los tribunales una gran deferencia salvo cuando se demuestra la existencia de fraude, conducta impropia, falta del debido procedimiento en la celebración de la vista, violación de la política pública, falta de jurisdicción, y que no resuelva todas las cuestiones en controversia que se sometieron. Un laudo, por tanto, no puede

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anularse por meros errores de criterio ya sean estos en cuanto a la ley o en cuanto a los hechos.

-Laudo Conforme a Derecho. Cuando las partes acuerdan que el laudo sea emitido conforme a derecho, las decisiones de un árbitro, contrarias a las leyes y normas interpretativas de derecho sustantivo emitidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el campo de derecho laboral, invalidan jurídicamente el laudo. En el arbitraje laboral, si se pacta que el laudo será conforme a derecho, el árbitro no puede ignorar las normas interpretativas de derecho sustantivo emitidas por los Tribunales Supremos de los Estados Unidos y de Puerto Rico en el campo del derecho laboral. Se reputarán persuasivas las decisiones de los tribunales de primera instancia y de agencias administrativas, y los laudos y escritos de reputados árbitros. Más aún, este elemento de "conforme a derecho" allana el camino para la revisión por el foro judicial y la eventual corrección de errores jurídicos. A.E.P. v.

Unión Independiente, 130 D.P.R. 983.

Un tribunal puede revisar los méritos jurídicos del laudo de arbitraje cuando las partes acuerdan que los asuntos sometidos a arbitraje sean resueltos con arreglo a derecho. Febus v. MARPE Const., 1994, 135 D.P.R. 206.

-Laudo No Conforme a Derecho. En ausencia de pacto de que un laudo de arbitraje sea conforme a derecho, un laudo solo puede ser impugnado judicialmente si se demuestra la existencia de fraude, conducta impropia del árbitro, falta de debido proceso de ley, ausencia de jurisdicción, omisión de resolver todas las cuestiones en controversia que se sometieron, o que el laudo resulte contrario a la política pública. En relación a los laudos de arbitraje, al este impugnarse no se puede inquirir sobre el proceso deliberativo, mental y decisional del árbitro. En estos laudos, las determinaciones de un árbitro en cuanto a los hechos y en cuanto al derecho, son finales y no revisables por los tribunales, aunque haya mediado error en la apreciación de los hechos y el derecho aplicable, y aún cuando el tribunal podría llegar a una conclusión distinta. Al revisar un laudo de arbitraje, los tribunales no tienen autoridad para anular un laudo no conforme a derecho, por meros errores de criterio, ya sea en cuanto a la ley o en cuanto a los hechos. Febus v. MARPE Const., supra. La trayectoria y tendencia de la jurisprudencia respecto a la revisión de dichos laudos por parte del foro judicial ha sido una clara y constantemente una de auto-restricción o abstención judicial, J.R.T. v. National Packing Co., 1982, 112 D.P.R. 162, Colón Molinary v. A.A.A., 1974, 103 D.P.R. 143, y de una especial deferencia hacia los mismos.

-Revisión judicial de un laudo: Generalmente, un laudo de arbitraje goza de una naturaleza similar a la de una sentencia o decreto judicial y la función del árbitro es análoga a la de un tribunal de primera instancia, sujeta su decisión a revisión en el foro apelativo. Por tanto, el procedimiento para la revisión judicial de un laudo de arbitraje es similar al expuesto por ley para cualquier otra revisión ante el tribunal. El procedimiento de revisión judicial de un laudo de arbitraje laboral es un recurso de revisión similar a la revisión judicial de decisiones administrativas.

Toda impugnación de un laudo de arbitraje laboral -ya sea por las causas tradicionales o porque no fue resuelto conforme a derecho- debe hacerse siguiendo el procedimiento de revisión de decisiones administrativas; esto no afecta los criterios jurisprudenciales para la intervención judicial con los laudos.

El recurso de revisión judicial de un laudo de arbitraje laboral es uno de carácter no discrecional que debe presentarse -salvo término especial dispuesto en el convenio colectivo- dentro del término de treinta (30) días a partir del archivo en autos de copia de la notificación del laudo; este término no se extiende con la notificación por correo, bajo la Regla 68.3 de Proc. Civil.

Las partes que firman un convenio colectivo donde someten sus disputas obrero-patronales a un procedimiento de arbitraje deben comprender que han sustituido al árbitro por las cortes. J.R.T. v. A.E.E., 1993, 133 D.P.R. 1.

-Junta de Relaciones del Trabajo: El procedimiento establecido en el Art. 9(2) (c) de la Ley de la Junta de Relaciones del Trabajo, que permite a la parte favorecida recurrir a la Junta para ayudar a poner en vigor un laudo de arbitraje, es de carácter discrecional. Presentada la solicitud ante la Junta, para que se ponga en vigor el laudo, la Junta inicia una investigación encaminada a determinar la validez del laudo. Si la Junta determina que el laudo tiene algún defecto, le requiere al beneficiario que retire la solicitud. Si este se niega, la Junta desiste de continuar con el procedimiento. Igual sucede cuando la Junta estima que tratar de poner en vigor el laudo no contribuye a la política pública, o que el laudo ya ha sido aceptado.

Cuando la Junta de Relaciones del Trabajo determina que debe acceder a una solicitud para poner en vigor un laudo de arbitraje, debe agotar todo remedio a su alcance para lograr su cumplimiento, antes de recurrir al tribunal. Cuando

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la Junta de Relaciones del Trabajo recurre al tribunal para poner en vigor un laudo de arbitraje, hay un dictamen de la Junta, favorable al peticionario de su intervención, que debe ser revisado por el tribunal. Este revisa la determinación de la Junta en relación con la validez del laudo. El Tribunal de Apelaciones es el tribunal con competencia para atender una solicitud de la Junta de Relaciones del Trabajo para poner en vigor un laudo de arbitraje, al amparo del Art. 9(2)(c). Martínez Rodríguez v. A.E.E., 1993, 133 D.P.R. 986.

LEGADO: Es una disposición mortis causa por la que el testador deja en concreto alguno (o algunos) de sus bienes o derechos a una persona que lo recibe a título singular. El legado es una donación de una cosa específica que ha de surtir efectos a la muerte del causante; por tanto, ha de ordenarse en testamento. De acuerdo con el Art. 787, "es nulo el legado de cosas que están fuera del comercio". En consecuencia, debe entenderse que son susceptibles de ser legadas todas las cosas que están dentro del comercio de los hombres.

  1. El legatario: Según el Art. 603 es heredero el que sucede a título universal y legatario al que sucede a título particular. Sin embargo, para que una disposición testamentaria se considere como legado, debe recaer sobre el tercio de libre disposición; pero, no invalida el testamento si toda la herencia se distribuye en legados. También, el Art. 697, dispone: "El heredero instituido en cosa cierta será considerado como legatario". La diferencia entre heredero y legatario no ha de ofrecer mayores dudas.

    Los herederos, como decía el profesor VélezTorres, "se colocan en los zapatos del testador" y se convierten en titulares activos y pasivos de sus relaciones jurídicas transmisibles antes de que se realice la liquidación de la herencia. Los legatarios reciben los bienes legados después de la liquidación. Otra diferencia fundamental es que el patrimonio del causante se confunde con el del heredero y este responde con su patrimonio de todas las deudas de la herencia. El legatario solo responde por el monto del valor del legado.

  2. Clasificación de los legados: (1) Legado de cosa específica - Es aquel que recae sobre un bien determinado. El legatario adquiere la propiedad desde la muerte del testador. El legado queda sin efecto si no existe el bien en el patrimonio del causante. (2) Legado de cosa genérica: El testador no lega un objeto concreto sino una cosa determinada solo por la pertenencia a su género. El legatario adquiere la acción personal para exigir la entrega. Ejemplo: Una mesa, un automóvil, etc. (3)

    Legado de cosa ajena: Es válido si al legarlo el testador sabía que era ajena. Se adquiere y se paga su justo precio. (4) Legado de crédito: Es válido por el monto del crédito existente a la muerte del testador el legado de crédito que este tenía contra un tercero. (5) Legado de liberación: Equivale al perdón de deuda del legatario. Comprende las deudas existentes cuando se hizo el testamento, no las posteriores. (6) Legado a un acreedor: No se imputará al pago de lo que el testador le debía, a menos que el testador lo diga expresamente. (7) Legado de cosa del legatario: No producirá efecto si era propiedad del legatario al tiempo de hacer el testamento. (8) Legado alternativo: El testador ordena dos o más cosas de las cuales, si el testador le concede el derecho de opción, el legatario escogerá una. Si no, el heredero entregará una de las cosas mencionadas por el testador. (9) Legado de cosa...

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