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Autor:Ruth E Ortega-Vélez
Páginas:192-206
 
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MALICIA: En el lenguaje común significa maldad, inclinación a lo malo, perversidad, malignidad, etc. El Art. 82 del Código Penal de 1974, sobre el delito de asesinato disponía: "Asesinato es dar muerte a un ser humano con malicia premeditada".

El Art. 106 del Código Penal de 2004, en su Inciso (a) sustituye la frase malicia premeditada por el término premeditación. -Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, premeditar es pensar reflexivamente una cosa antes de ejecutarla; o, proponerse de caso pensado perpetrar un delito, tomando al efecto previas disposiciones.

Malicia o maliciosamente son términos que denotan la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo". Pueblo v. Méndez, 1953, 74 D.P.R. 913.

MANCOMUNIDAD: Existe cuando cada deudor debe y cada acreedor tiene derecho solo a la parte de la prestación total.

MANDAMUS: Es un recurso extraordinario expedido por un tribunal de superior jerarquía a un tribunal inferior, a una corporación o a un funcionario público para que cumpla con algún acto u obligación que cae dentro de sus deberes o atribuciones. Es un auto altamente privilegiado.

Este recurso está concebido para obligar a cualquier persona, corporación, junta o tribunal inferior a cumplir un acto que la ley particularmente le ordena como un deber resultante de un empleo, cargo o función pública, cuando ese deber no admite discreción en su ejercicio, sino que es ministerial. Es un recurso extraordinario que solo debe expedirse cuando el peticionario carece de otro recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de los procedimientos dispuestos por ley, y su derecho es claro. Es improcedente cuando existe otro mecanismo procesal para atender el remedio solicitado. El Art. 650 del Código de Enjuiciamiento Civil provee: "El auto de mandamus ... se dirigirá a cualquier ... persona obligada al cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordene como un deber resultante de un empleo, cargo o función pública...".

El auto de mandamus es el recurso apropiado para compeler al cumplimiento de un deber que se alega impuesto por la ley cuando no se dispone de otro remedio legal adecuado. El deber cuyo cumplimiento se requiere mediante el auto debe estar dentro de las atribuciones o deberes que la ley le impone al funcionario concernido. Art. 649, Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. §3421. El requisito de que el derecho del promovente y el deber del demandado deben surgir en forma clara y patente. Sucn. Espina, Int., 1953, 75 D.P.R. 76. Si el deber surge o no claramente de las disposiciones aplicables es cuestión sujeta a interpretación judicial que no depende de un juicio a priori fundado exclusivamente en la letra del estatuto. Tal determinación ha de surgir del examen y análisis de todos los elementos útiles a la función interpretativa; del "examen paciente y riguroso que parte de la letra de la ley y evalúa todos los elementos de juicio disponibles para así descubrir el verdadero significado y propósito de la disposición legal". Banco de Ponce v. Srio. Hacienda, 1959, 81 D.P.R. 442.

El Gobernador está sujeto al auto de Mandamus lo mismo que cualquier otro funcionario del departamento ejecutivo. Díaz Saldaña v. Acevedo Vilá, 2006 JTS 118 .

MANDATARIO: Es quien acepta del mandante el encargo de representarle o gestionar sus negocios.

MARCA DE FÁBRICA: Denota distinción; es la manera mediante la cual se distingue un producto de otro en el mercado. Colón v. Martínez, 1982, 112 D.P.R. 846.

Para registrar una marca de la que, en virtud de su uso, ya se es dueño, o para inscribir aquella cuya propiedad se espera adquirir mediante el registro, deben cumplirse los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Marcas de Puerto Rico, Ley Núm. 63 de 1991 y en el Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado, Reglamento Núm. 4638, aprobado el 21 de febrero de 1992.

MARCA DE SERVICIO: Es la utilizada en la venta o promoción de servicios que identifica los servicios que presta una persona o institución y que los distingue de los servicios de otras. Por tanto, identifica un servicio en que no está implicada la manufacturación ni la venta de bienes, por lo que difiere de una marca de fábrica en que no identifica un sujeto tangible. No obstante, tanto las marcas de fábrica como las de servicios sirven el mismo propósito: identificar las fuentes de los bienes o servicios protegiendo la plusvalía del negocio y protegiendo a los consumidores desde el punto de vista que estos pueden distinguir entre productos que compiten entre sí. Posadas de P.R. v. Sands Hotel, 1992, 131 D.P.R. 21.

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MARISMA: Se trata del terreno bajo contiguo a las playas o riberas de los ríos que se inundan con las aguas extravasadas de los mares y los ríos.

MATERIA IMPERTINENTE: Es aquella que no tiene nada que ver con la materia que es objeto en el pleito. Es impertinente o no, dependiendo de los hechos del caso.

MATERIA PERTINENTE: Es la evidencia útil para probar un hecho en controversia. Es prueba que hace más o menos probable un hecho en controversia o la credibilidad de un testigo. A tenor de la Regla 21 de Proc. Civil es pertinente cualquier asunto que pueda tener relación con la materia que es objeto en el pleito aunque no esté relacionada con las controversias específicas que se esbozaron en las alegaciones; pero, por lo menos debe tener una probabilidad razonable de relación con el asunto en controversia. Rivera v. Algarín, 1982, 112 D.P.R. 830.

MATERIA PRIVILEGIADA: Se refiere a materia relativa a los privilegios que reconocen las Reglas de Evidencia.

MATERIAL OBSCENO: Material que considerado en su totalidad por una persona promedio y que al aplicar patrones comunitarios contemporáneos: (1) apele al interés lascivo, o sea, a un interés morboso en la desnudez, sexualidad o funciones fisiológicas; (2) represente o describa en una forma patentemente ofensiva conducta sexual; y (3) carezca de un serio valor literario, artístico, político, religioso, científico o educativo.

La atracción del material al interés lascivo en el sexo se juzga en referencia al adulto promedio a menos que se desprenda de la naturaleza del material, o de las circunstancias de su diseminación, distribución o exhibición, que está diseñado para grupos de desviados sexuales en cuyo caso, dicha atracción se juzgará con referencia al grupo a quien va dirigido.

En procesos de violación a las disposiciones del Art. 154(e) del Código Penal, donde las circunstancias de producción, presentación, venta, diseminación, distribución, o publicidad indican que el acusado está explotando comercialmente el material por su atracción lasciva, la prueba de este hecho constituirá prueba prima facie de que el mismo carece de serio valor literario, artístico, político, religioso, científico o educativo.

Cuando la conducta prohibida se lleve a cabo para o en presencia de menores será suficiente que el material esté dirigido a despertar un interés lascivo en el sexo.

En cuanto a Derecho Constitucional, el derecho a la libre expresión puede condicionarse cuando intereses públicos apremiantes lo requieran. Las películas, los libros, las revistas y otras publicaciones, por ser formas de expresión, están protegidos por las garantías de la Constitución de Puerto Rico. Por tal razón, la incautación de una película no puede tratarse de la misma forma que la incautación de armas, drogas, comida adulterada, propiedad robada o evidencia de otros delitos. Las películas y objetos análogos no pueden ser incautados sin que medie una orden judicial constitucionalmente válida. Lo contrario constituiría censura previa. En vista de que se trata de problemas de libertad de expresión, al solicitarse una orden de allanamiento e incautación, en casos de obscenidad se exige un estándar más riguroso para la determinación de causa probable. Quiere decir que los estados pueden reglamentar la exhibición de material obsceno en sitios públicos, pero la reglamentación que adopten deberá contener procedimientos que no coarten indebidamente la libertad de expresión. Pueblo v. Santos Vega, 1984, 115 D.P.R. 818.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resuelve que en este género de casos regirán las siguientes normas mínimas bajo la Constitución de Puerto Rico: (1) Las películas, los libros y otras publicaciones no pueden ser objeto de incautación, a menos que medie una orden al efecto expedida por un magistrado neutral después de determinar causa probable sobre la obscenidad del material a ser incautado. (2) El estándar para la determinación de causa probable es más riguroso que en casos que no envuelven la libertad de expresión. La declaración jurada en que se funde debe ser tan pormenorizada que permita la formación de un juicio independiente sobre la obscenidad de la cinta a incautarse y el cumplimiento con las guías establecidas en Miller v. California, supra. (3) No es necesario que el juez vea la película para que pueda determinar causa probable. (4) La película no puede sujetarse sin vista adversativa previa a ninguna restricción final, como, por ejemplo, la de prohibir su exhibición u ordenar su destrucción. (5) No será permisible, sin vista adversativa previa, incautarse de más de un ejemplar de cada cinta designada en la orden, lo suficiente para preservar la evidencia. De contarse con un solo ejemplar en el sitio de exhibición no será permisible su incautación por un período irrazonable sin oportunidad al poseedor o dueño de copiar la cinta u obtener otra. En el caso del ejemplar único, la cinta podrá depositarse en el tribunal, con notificación al poseedor, para que este la copie o haga las gestiones para obtener otra copia. La justificación para este procedimiento es que su propósito será la preservación de la misma como

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prueba y no la censura previa del espectáculo. (6)

Podrá prescindirse de la vista adversativa previa cuando se le demuestre al Juez...

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