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Autor:Ruth E Ortega-Vélez
Páginas:218-254
 
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PACTO COMISORIO: Es la cláusula que permite a los contratantes reclamar la resolución del contrato cuando una de ellas no ha cumplido con las obligaciones a su cargo. Los contratantes pueden convenir en disolver el contrato. Se trata de una de las causas que tiene por consecuencia extinguir el contrato, pero que no implica su invalidez. Es un beneficio o privilegio que la ley otorga a la víctima del incumplimiento para que elija entre forzar el cumplimiento o pedir la rescisión, más los daños y perjuicios en ambos casos.

PAGO, EL: El pago o cumplimiento es la primera causa de extinción de las obligaciones que reconoce el Código Civil; es la entrega de lo que se debe; es el cumplimiento normal o anormal de la obligación. La obligación, según Puig Brutau (pág. 264), tiene su destino normal en el cumplimiento que es la realización voluntaria de la prestación debida. El cumplimiento o pago es la realización de la prestación debida que trae por consecuencia la extinción de las obligaciones.

-Lugar del pago: El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación; no habiéndose expresado y tratándose de entregar una cosa determinada, deberá hacerse el pago donde esta existía en el momento de constituirse la obligación. Cuando no se ha acordado en el contrato acerca del lugar del pago, ni se trata de entregar una cosa determinada, se entenderá que el pago se realizará en el domicilio del deudor. Art. 1125 del C.c.

-Puede hacer el pago: (1) Puede hacer el pago el propio deudor, o su apoderado, representante legal o heredero, o cualquiera otra persona (fiador, codeudor o meramente un tercero ajeno a la obligación), tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación. (2) El pago hecho por un tercero: Se trata del pago hecho por una persona distinta del deudor. Arts. 1112 y 1113 del C.c. Las consecuencias que se derivan del pago hecho por tercero dependerán de si el deudor lo conoce, lo conciente o se opone a que se realice. Si el pago se realiza por el tercero con conocimiento y aprobación del deudor, se dará la subrogación. De esta forma, el crédito original no se extingue y pasa íntegro al patrimonio del tercero que realiza el pago. El tercero recibe el crédito con los derechos a él incorporados. Una vez realizado el pago, queda extinguida la relación original (acreedordeudor) y surge un nuevo lazo entre el tercero (nuevo acreedor) y el deudor. El pago se verificó y este surte todos los efectos legales de cumplimiento de la obligación.

El tercero que paga a nombre de otro, según Vélez-Torres (pág. 166), aún cuando este lo ignore, tiene derecho a que se le reembolse lo pagado. Si el

tercero ha pagado contra la voluntad del deudor, solo podrá repetir del deudor aquello en lo que hubiere sido útil el pago. La acción de reembolso es más limitada que la subrogatoria. Mientras en la subrogatoria el tercero que ha pagado dispone del mismo crédito que tenía el acreedor, en la acción de reembolso el pagador tiene un crédito independiente, destinado a recobrar solo la cantidad que pagó por el deudor.

-Puede recibir el pago: (1) la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación u otra persona autorizada para recibirlo en su nombre.

PACTA SUNT SERVANDA: Principio de derecho o regla jurídica expresiva de que lo pactado debe guardarse, y determina que lo estipulado por las partes debe ser fielmente guardado y cumplido. El contrato es ley para los contratantes y es doctrina legal que los contratos no pueden dejarse sin efecto por la voluntad de uno solo de los contratantes y que nadie puede ir contra sus propios actos.

De conformidad con el principio rector de pacta sunt servanda las partes contratantes se obligan a todos los extremos de lo pactado que sean conformes a la ley, a la moral y al orden público. Paine Webber v. Service Concepts, 2000, 151 D.P.R. 307.

PADRE: La palabra padre y la palabra progenitor no son sinónimos. Para Diez-Picazo (pág. 314), padre contiene una carga de sentido socio-cultural y jurídico de la que carece el término progenitor. No siempre existe la correlación entre la paternidad jurídica y la biológica. Calo Morales v. Cartagena, 1991, 129 D.P.R. 102.

PARECIDO FÍSICO: Durante mucho tiempo fue prueba primaria para establecer la filiación y fue admisible que el Juez de instancia hiciera constar, a base de su propia observación, que existe o no existe parecido. Ortiz v. Cruz, 1975, 103 D.P.R. 939.

PARENS PATRIAE (NORMA): El "poder de parens patriae" (padre de la patria), está basado en el deber del Estado de proteger a los incapaces y sus propiedades. Es la función social y legal que el Estado asume y ejerce en cumplimiento de su deber de protección de los sectores más débiles, tutelando a los menores de edad por intermedio de los funcionarios designados a tal fin.

En relación con las personas que se divorcian y sus hijos o hijas, el poder de parens patriae significa el poder que tienen los tribunales para adoptar las medidas necesarias en cuanto a la custodia de los menores con el fin de lograr proteger su bienestar y sus mejores intereses.

El poder de parens patriae debe dirigirse a fomentar la integridad de la familia propiciando aquellos sentimientos de amor, de seguridad y existencia feliz que fluye naturalmente en el hogar donde se nace. De otra parte, en el régimen Constitucional de Puerto Rico dicha facultad debe ejercerse con gran moderación y restricción frente a los intensos sentimientos que unen a los miembros de la familia. García v. Acosta. 1970, 104 D.P.R. 321.

Bajo el poder de parens patriae, el tribunal adquiere jurisdicción sobre las partes y sobre todo lo relacionado con el divorcio incluyendo cualquier decisión respecto a los menores. Cualquier cuestión relacionada con el divorcio debe ser atendida en el mismo proceso y el tribunal tendrá autoridad para proveer conjuntamente con la sentencia, todo lo necesario para adjudicar y distribuir la custodia y patria potestad de los menores independientemente del concepto culpa en el divorcio. Tan pronto se emite el decreto de divorcio, los menores son y serán protegidos por el tribunal que no solo tiene el poder sino el deber de velar por el mejor bienestar de estos cuando las circunstancias del caso así lo exijan.

PARENTAL KIDNAPPING PREVENTION ACT:

El Parental Kidnapping Prevention Act o "Ley Wallop" (bautizada así en orden a su promovente el senador Malcolm Wallop) fue aprobada el 28 de diciembre de 1980 por el Congreso de Estados Unidos bajo la administración del Presidente Carter. Es la primera ley federal cuyo fin es desalentar el secuestro de menores por sus padres o parientes. A través de un solo patrón jurisdiccional uniforme, la Ley Wallop le reconoce "entera fe y crédito" a las sentencias judiciales sobre custodia de menores que cumplan con la ley.

La pieza legislativa federal, explica el Juez Negrón García, aspira a establecer un sistema nacional de interpretación judicial para: (1) localizar padres con hijos menores que se trasladan de una jurisdicción a otra en disputas conyugales; (2) promover la cooperación entre los distintos tribunales estatales para que las decisiones de custodia y visitas sean dictadas por aquel estado que pueda resolver el caso más satisfactoriamente para el bienestar de los menores; (3) estimular y ampliar el intercambio de información y asistencia recíproca entre estados; (4) facilitar la ejecución de tales sentencias judiciales; (5) desanimar la continuidad de controversias interestatales sobre custodia de menores en vistas a una mayor estabilidad en el ambiente familiar y en la relación con los menores; (6) evitar conflictos jurisdiccionales sobre la materia; y (7) frenar los secuestros interestatales o la remoción unilateral de los menores con el propósito de obtener y afianzar los decretos favorables de custodia.

La Ley Federal rige expresamente en todos los estados de la Unión, en el Distrito de Columbia, Puerto Rico, y en los territorios y posesiones de los Estados Unidos. Cuando Puerto Rico es la jurisdicción de "residencia" bajo las disposiciones de dicha ley, las decisiones de los tribunales insulares deben ser respetadas por otras jurisdicciones estatales. De igual forma, los tribunales de Puerto Rico están obligados a otorgarle entera fe y crédito a un decreto de custodia emitido válidamente por cualquier estado norteamericano. (Pérez v. Vega, 1982, 124 D.P.R. 529). La Ley reconoce que un tribunal tiene autoridad para modificar una decisión de custodia decretada por otro tribunal, si tiene jurisdicción, y el otro tribunal no la posee o ha declinado ejercitarla. Pero, si está pendiente un pleito análogo en un tribunal de otro estado que ha intervenido ajustándose a las normas de la ley federal, otro tribunal no debe ejercitar su jurisdicción.

La aplicación de la ley no depende de quién es el primero que llega al foro judicial, sino de la existencia de una orden previa al secuestro o retención. No obstante, si se cumplen los requisitos de "estado-residencia" y de debido proceso de ley, nada impide que pueda obtenerse una orden de custodia con posterioridad al secuestro o retención.

PARENTESCO: Es el vínculo, conexión o enlace jurídico que surge por lazos de sangre, del matrimonio o de la adopción, sin distinción de sexo, edad o filiación. Es decir, existe parentesco por consanguinidad o vínculos de sangre entre las personas, y parentesco por afinidad (los vínculos de una persona con los parientes consanguíneos de su cónyuge). También existe parentesco en los vínculos creados por la adopción. El parentesco, por tanto, tiene efectos jurídicos de carácter personal como son los apellidos, la nacionalidad, etc., y efectos jurídicos de carácter familiar como el derecho a alimentos, los matrimonios prohibidos por lazos de sangre o por afinidad, etc.; y, por último, efectos jurídicos en el ámbito del derecho sucesorio. La proximidad de parentesco, señala...

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