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Autor:Ruth E Ortega-Vélez
Páginas:281-301
 
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SALARIO: Es el elemento monetario principal en la negociación de un contrato de trabajo. Es la compensación pagada por un patrono a sus empleados por concepto de servicios prestados como parte de la relación de empleo. Para que la compensación pagada a un obrero se considere salario, resulta indispensable la relación empleadopatrono. No se considera salario la compensación que recibe la persona que realiza un trabajo cuando la relación existente es una de contratista independiente.

SALARIO MÍNIMO: Es un derecho consagrado en el Art. II, Sec. 16, de la Constitución de Puerto Rico para todos los trabajadores que se desempeñan en calidad de empleados. A esos efectos la referida disposición constitucional reconoce el derecho de todo trabajador a un salario mínimo razonable y a recibir igual paga por igual trabajo. Del mismo modo, el salario mínimo en Puerto Rico está regulado por la Ley Federal de Normas Razonables de Trabajo, por la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad -Ley Núm. 180 de 1998, 29 L.P.R.A. §250 et seq. Por tanto, a tenor de la Ley 180, salario mínimo comprenderá los salarios mínimos que se establecen al amparo de esta Ley para los trabajadores de las empresas o actividades no cubiertas por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo; y, salario mínimo federal comprenderá el salario mínimo establecido por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo (Fair Labor Standards Act), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América. González v. Merck, Sharp & Dohme, 2006 J.T.S. 10. Ley Núm. 80 de 2000 estableció que el salario mínimo para aquellas empresas que estaban cubiertas por la legislación federal sería el salario mínimo federal. Por otro lado, para los trabajadores de empresas que no estuvieran cubiertas por la ley federal, se les proveyó un mecanismo más ágil para proteger su derecho a un salario mínimo razonable. Además, se regularon de manera uniforme las licencias de vacaciones y enfermedad para todos los trabajadores en Puerto Rico. Entre los cambios más significativos de la nueva legislación se encuentran los términos establecidos en el Art. 12 de la Ley 180 y los remedios allí provistos. Vega Ríos v. Caribe General Electric 2003 J.T.S. 175.

SANEAMIENTO POR EVICCIÓN: Es un elemento natural del contrato de compra y venta. El Art. 1350 del C.c. dispone que el vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa

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objeto de la venta y el Art. 1364 añade, que el vendedor "responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato". El derecho al saneamiento para el caso de evicción, puede ser renunciado por el comprador. Para que la renuncia sea efectiva y libere de toda responsabilidad al vendedor, deberá estar condicionada a que (1) en el pacto de renuncia no hubiere mediado mala fe por parte del vendedor, y (2) a que el comprador hubiese hecho la renuncia con conocimiento de los riesgos de la evicción y sometiéndose a sus consecuencias.

El Art. 1365 declara que será "nulo todo pacto que exima al vendedor de responder de la evicción, siempre que hubiese mala fe de su parte", y según el 1366, cuando "el comprador hubiese renunciado el derecho al saneamiento para el caso de evicción, llegado que sea este, deberá el vendedor entregar únicamente el precio que tuviese la cosa vendida al tiempo de la evicción, a no ser que el comprador hubiese hecho la renuncia con conocimiento de los riesgos de la evicción y sometiéndose a sus consecuencias". Véase: Acción de saneamiento.

Véase: Evicción.

SÁTIRA: Es una "composición poética u otro escrito cuyo objeto es censurar acremente o poner en ridículo a alguien o algo". La sátira utiliza la obra original sin alteración o transformación significativa para criticar otro elemento social, no relacionado necesariamente con la obra original misma, por lo que se requiere mayor justificación para el mero acto de apropiación. Por tanto, la sátira tiene una protección constitucional de menor jerarquía que la parodia, especialmente cuando se utiliza para propósitos lucrativos y comerciales. Vigoreaux v. Quizno’s, 2008 J.T.S. 59.

SECRETOS DE NEGOCIO, PRIVILEGIO: Se trata de un privilegio sobre información relacionada a secretos de un negocio. El dueño de un secreto comercial o de negocio podrá invocar el privilegio -por él o por su agente o empleado-, de no divulgar el secreto de negocio y de impedir que otro lo divulgue siempre que ello no tienda a ocultar un fraude o a causar una injusticia. La Regla 30 de Evidencia establece el privilegio sobre información relacionada a secretos de un negocio (trade secrets); no obstante, no es de aplicación el privilegio cuando el testimonio no versa sobre materia protegida por el mismo.

SECUESTRO: Es un delito grave mediante el cual una persona, empleando fuerza, violencia, intimidación, fraude o engaño, sustrae, o retiene y oculta, a otra persona privándola de su libertad.

Cuando se sustrae a la víctima del lugar en que se encuentre y se mueva del mismo, la sustracción de la víctima debe ser por tiempo o distancia sustancial y no meramente incidental a la comisión de otro delito. Art. 157 del C.P. de 2012. Será agravado cuando se cometa el delito de secuestro cuando medie cualquiera de las siguientes circunstancias: (a) Cuando se cometa contra una persona que no ha cumplido dieciocho años, o un discapacitado que no pueda valerse por sí mismo, o un enfermo mental. (b) Cuando se cometa contra el Gobernador de Puerto Rico, contra un legislador o Secretario del Gabinete o funcionario principal de una agencia o corporación pública, Juez, fiscal especial independiente, o un fiscal o procurador del Departamento de Justicia de Puerto Rico, fuere este nombrado por el Gobernador de Puerto Rico o designado como tal por el Secretario de Justicia. (c) Cuando se cometa con el propósito de exigir compensación monetaria o que se realice algún acto contrario a la ley o a la voluntad de la persona secuestrada, o exigir al Estado la liberación de algún recluso cumpliendo sentencia o la liberación de una persona arrestada o acusada en relación con la comisión de algún delito. (d) Cuando el secuestro se inicie fuera de los límites territoriales de Puerto Rico y se traiga o envíe a la persona a Puerto Rico. Es elemento del delito el sustraer o detener a una persona y moverla de un lugar a otro o detenerla y ocultarla, privándola de su libertad. No basta la intención de privarla, sino que es necesaria la privación de la libertad y la sustracción de la víctima debe ser sustancial en tiempo o distancia y no meramente incidental a la comisión de otro delito. Habida cuenta de que al cometerse delitos tales como robo, violación y asesinato es común que se mueva a la víctima de un lugar a otro, resulta inapropiado considerar movimientos breves, incidentales a la comisión del delito principal, como secuestro; lo apropiado es acoger el criterio de traslado de la víctima a través de una distancia sustancial. Pueblo v. Echevarría, 1991, 128 D.P.R. 299.

La diferencia primordial entre el delito de "secuestro" y el de "restricción de la libertad", consiste en que en este último basta con la mera detención de la persona, con conocimiento de la restricción por parte de esta, y en el de secuestro se exige la sustracción del perjudicado, lo que, de ordinario, implica el trasladar a la persona de un sitio a otro. En adición, en el delito de secuestro se exige que la sustracción que se lleva a cabo sea mediante el uso de "fuerza, violencia, intimidación, fraude o engaño".

SEGREGACIÓN: Es la separación de un predio de una finca inmatriculada para formar una finca independiente. Mattei v. Registrador, 1967, 94 D.P.R. 467. Generalmente, el acto jurídico de

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segregar se considera un acto de dominio mediante el cual el dueño de una finca ejercita su discreción y potestad con el fin de separar una parte de su finca para formar una nueva. Como acto de dominio, la doctrina postula que no se requiere que consientan a la segregación los titulares de los derechos reales que gravan la finca en cuestión. Por ejemplo, de ordinario no se requiere el consentimiento o expresión afirmativa de un usufructuario para que el nudo propietario pueda segregar su finca. La única condición que se requiere es que al efectuarse la segregación no se modifique la función económica y social de la finca ni se perjudique al usufructuario en las facultades que le reconoce el ordenamiento. Colón v. Registrador, 1983, 114 D.P.R. 850.

El término segregación posee unos atributos específicos que lo limitan y particularizan dentro de las lotificaciones. En el sentido técnico jurídico, la segregación, siendo una lotificación, posee un significado distintivo que la separa de otros tipos de lotificaciones, aunque, los técnicos de los organismos oficiales los hayan utilizado indistintamente. Banco v. Registrador, 1990, 126 D.P.R. 510.

Para la segregación solo puede consentir el dueño, pero hace falta el permiso de A.R.P.E., excepto cuando se trata de un finca rústica cuya cabida sea de 50 cuerdas o más y cada predio que se segregue sea de 25 cuerdas o más. A.R.P.E. regula la segregación y exige permiso para segregar porciones hasta de veinticinco cuerdas siempre que sean rurales y destinadas a fines agrícolas y cuyo remanente debe ser de 25 cuerdas o más. De igual forma, es necesaria la autorización judicial previa para que la tutora de una incapacitada pueda realizar el acto de segregar parte de una finca inscrita a nombre de la incapacitada. El acto de la desmembración puede afectar adversamente el valor individual de los predios, especialmente el remanente, dependiendo de la forma en que se realice. Por tanto, el Tribunal Superior es el foro adecuado para resolver que ningún perjuicio se cause a la persona incapacitada.

Requisitos para la segregación: (1) Que la finca esté...

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