Sentencia de Tribunal Supremo de Justicia de 11 de Marzo de 1963 - 87 D.P.R. 711

EmisorTribunal Supremo
DPR87 D.P.R. 711
Fecha de Resolución11 de Marzo de 1963

87 D.P.R. 711 (1963)

ASOCIACION DE GUARDIAS DE PENALES V. SECRETARIO DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Guardias de Penales de Puerto Rico, demandante, recurrente y recurrida,

v.

Secretario de Justicia de Puerto Rico, demandado, recurrido y recurrente.

87 DPR 711 (1963)

Número: 12931

Resuelto: 11 de marzo de 1963

Sentencia de Antonio S. Romero, J. (San Juan) declarando con lugar una demanda sobre remedio declaratorio. Revocada, dictándose otra desestimando la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia.

Guillermo Bauzá y Jesús E. Palmer, abogados de la recurrente y recurrida; J. B. Fernández Badillo, Procurador General, y Jorge Segarra, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrido y recurrente.

Sala integrada por el Juez Asociado Señor Belaval como Presidente de Sala y los Jueces Asociados Señores Hernández Matos y Santana Becerra.

[P 712]

El Juez Asociado Señor Santana Becerra emitió la opinión del Tribunal.

El Art. 20 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951--Ley de Armas—dispuso en un principio que podrían tener, poseer, portar, transportar y conducir armas legalmente: "...(3) El Superintendente de Prisiones, jefes de penitenciarías insulares y alcaides de cárcel en el ejercicio de sus funciones como tales. (4) Los guardias de penales y los custodios de presos mientras estuvieren en el ejercicio de sus funciones como tales y bajo la reglamentación que provea el Procurador General." Por la Ley Núm. 149 de 30 de abril de 1952 se enmendó el Art. 20 en sus incisos 3 y 4 para disponer que podrían tener, poseer, portar, transportar y conducir armas legalmente: "(3) El superintendente de Prisiones, jefes de penitenciarías insulares y alcaides de cárcel bajo la reglamentación que provea el Procurador General. (4) Los guardias de penales y los custodios de presos bajo la reglamentación que provea el Procurador General."

Se habrá visto que la enmienda consistió en eliminar de ambos incisos la disposición "en el ejercicio de sus funciones como tales" disponiéndose en uno y otro caso que esos funcionarios y empleados podrían tener, poseer, portar, transportar y conducir armas legalmente "bajo la reglamentación que provea el Procurador General." Probablemente, no lo resolvemos, el Legislador creyó conveniente dar traslado del asunto a la esfera administrativa, siendo como lo son estos funcionarios y empleados subalternos del Secretario de Justicia.

La Asociación de Guardias de Penales de Puerto...

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