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Jurisdicción Concurrente. D.A.C.O.
Hechos: Jorge Acevedo dejó su automóvil en el área de estacionamiento de Plaza Las Américas. Al regresar de sus gestiones comerciales no encontró su auto. Reclamó $70,000.00. Invocó responsabilidad bajo el supuesto de que dicha área es una de carácter público, según la Ley para Regular el Negocio de Áreas para el Estacionamiento Público de Vehículos de Motor. En la alternativa, aduce la doctrina general de negligencia basada en que el hurto aconteció en un estacionamiento operado con ánimo de lucro, vigilado inadecuadamente. La administración de Plaza Las Américas señaló que, por ser su estacionamiento uno gratuito, no está regulado por la Ley para Regular el Negocio de Áreas para el Estacionamiento Público de Vehículos de Motor, salvo el Art. 5, que exige el mantenimiento de un seguro de responsabilidad pública por lesiones personales y daños a la propiedad. El tribunal de primera instancia le dio la razón.
Controversia: ¿Cuál es el foro adjudicativo apropiado para ventilar una reclamación fundada en el hurto de un automóvil del área de estacionamiento de Plaza Las Américas?
Decisión del Tribunal Supremo: Confirma la sentencia del T.P.I Para que aplique la Ley Núm. 120-1973 en toda su extensión y cubierta tiene que tratarse de áreas de estacionamiento con "ánimo directo de lucro"; categoría bajo la cual la jurisdicción primaria para ventilar reclamaciones por daños a la propiedad corresponde al D.A.C.O. ya que existe una presunción de contrato de depósito que favorece al usuario. Cuando se trata de áreas operadas con "ánimo indirecto de lucro", solo aplica el Art. 5 de la ley sobre cubierta de seguros. Quedan expresamente excluidas todas las restantes disposiciones incluyendo la que confiere jurisdicción primaria al D.A.C.O. Los demandantes acudieron correctamente al foro judicial en su reclamación por el hurto del automóvil.
Fundamentos legales: La Ley Núm. 120-1963 "reglamenta todas las condiciones y probables situaciones que puedan surgir en el negocio de áreas de estacionamientos públicos que operan en Puerto Rico, al igual que los procesos
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administrativos y judiciales...
