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AGC celebra que la preferencia al contratista local ya es ley

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Vincent

La nueva junta de la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico (AGC-PR) juramentó ayer y arrancó su gestión con la noticia de que ya el gobernador Ricardo Rosselló convirtió en ley una preferencia contractual para contratistas y proveedores locales de la industria de la construcción.

“Vamos a tener los mecanismos para que el contratista de aquí tenga trato preferencial. No es un capricho, es una necesidad. Tenemos las mejores herramientas y trabajadores. Vamos a ponerlos a trabajar. Es beneficio para nuestro desarrollo económico”, afirmó Rosselló sobre la firma del proyecto de la autoría del senador Miguel Romero e impulsado por la AGC.

A horas de haber presentado el nuevo plan fiscal ante la Junta de Supervisión Fiscal, Rosselló fungió como orador en la toma de posesión de la nueva junta, celebrada ayer en el hotel La Concha, en Condado.

“Este plan fiscal tiene un componente aspiracional. Se diseña cuál es el Puerto Rico que queremos”, reconoció el gobernador, incluyendo la educación, viviendas, carreteras y energía en la lista de reformas que encaminará en el 2018.

Adelantó que en este año se concretará lo que ha anunciado desde el inicio de su cuatrienio: un código de incentivos que retenga ayudas a sectores o actividades que rinden frutos y que elimine los que no producen resultados medibles.

“Vamos a trabajar con una reforma digital del gobierno. Mucha de la dilatación y los procesos se basan en un gobierno demasiado amplio, demasiado desconectado y deficiente”, agregó por el lado de la informática y rendición de cuentas.

En cuanto a la reforma contributiva, confirmó que su plan es reducir 50% en el primer año el impuesto a transacciones entre negocios (B2B) y eliminarlo al próximo año.

“Es una medida necesaria para restar obstáculos a hacer negocio”, indicó Rosselló.

Anticipó que el IVU a los alimentos procesados “lo vamos a reducir al 7% para potenciar el sector”, y formulará un equivalente local al crédito por trabajo (“Earned Income Tax Credit”) para incentivar el aumento de la tasa de participación laboral, que actualmente ronda el 39%.

Con miras a paliar el impacto de la reforma tributaria federal, que estimó en $1,700 millones en siete años para el renglón de las grandes empresas solamente, Rosselló...

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