Alcaldesa le declara la guerra al BGF y la AEE
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, entró ayer en una ofensiva fiscal, al exigirle al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) los $189.9 millones que le debe al municipio, y al advertirle a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que, si continúa con la intención de facturarle el servicio de electricidad, al ayuntamiento comenzará a cobrarle contribuciones a la corporación pública.
Durante su mensaje de presupuesto ante la Legislatura Municipal de San Juan, Cruz Soto informó que contrató al bufete de abogados Chadbourne & Parke para que lleven un pleito en el tribunal federal exigiendo lo que el BGF le debe al municipio por concepto de la Contribución Adicional Especial (CAE) y por otras partidas, como intereses dejados de devengar, dinero para asfaltado de calles y el exceso en los recaudos para el fondo de préstamos.
“Estamos hablando de $189.9 millones de la gente de San Juan que el BGF tiene secuestrados”, dijo la alcaldesa durante el mensaje de presupuesto que se llevó a cabo en la Biblioteca Carnegie, en Puerta de Tierra.
El CAE es un fondo que se usa para el pago de los préstamos municipales con el BGF. Se trata de una contribución fija que hacen los ayuntamientos. Si tras el repago de la deuda sobra dinero, ese exceso se devuelve a los municipios. Los problemas de liquidez en el BGF han impedido que los municipios reciban ese reintegro.
La controversia comenzó el pasado cuatrienio, cuando se congelaron los desembolsos del BGF ante los graves problemas de flujo de efectivo que enfrentaba el otrora agente fiscal.
De hecho, los problemas fiscales en el BGF llegaron al punto que hace poco se entró en un proceso de ajuste de deudas con los bonistas de esta instrumentalidad bajo el Título VI de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
Este mismo estatuto está siendo usado para la renegociación de la deuda de la AEE, la otra corporación pública a la que se enfrenta la alcaldesa.
Esta controversia surge por las alteraciones que se legislaron para la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI). Con este nombre se identifica el acuerdo que provee para que los ayuntamientos reciban, de forma gratuita, el servicio de energía eléctrica. A cambio, los municipios eximen a la AEE del pago de contribuciones municipales.
Entre los cambios está que las empresas municipales tengan que pagar por la electricidad que consumen. Cruz Soto indicó ayer que, si la AEE le...
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