Alegan represalia de Justicia

Por Ricardo Cortés Chico

rcortes@elnuevodia.com

La sospecha de Alapás, según su presidenta Myra Rivera Torres, es que se trata de una represalia por las posturas de la organización en contra de las medidas represivas del gobierno para atajar el crimen, incluyendo la propuesta para limitar el derecho a la fianza.

"Han sido posturas adoptadas a conciencia y en nuestro derecho a la libre expresión", reafirmó Rivera Torres, quien ayer repasaba una y otra vez las finanzas del Centro de Ayuda de modo que puedan continuar ofreciendo ayudas, aunque sean mínimas. En ese momento ya contemplaban cerrar los salones de terapia para los niños, que sirven también para las reuniones de los grupos de apoyo.

El secretario asociado de Justicia, José Luis Jiménez, alegó que se rechazó la propuesta porque la organización supuestamente no llenó un documento -tipo llenablancos- en el que se hace constar la política de igualdad de oportunidades de empleo de la organización.

Lo irónico del caso es que el Centro de Ayuda Alapás no tiene empleados, solo voluntarios y los servicios contratados de dos sicólogos y un contador. Además, la propuesta del año fiscal anterior cuenta con ese documento y Alapás entiende que lo entregó en la nueva propuesta.

"Esto (la denegación de los fondos) lo que hace es afectar a cientos de víctimas del crimen que acuden a nuestras puertas por ayuda porque alguien en su familia fue asesinado. Esto es un proyecto preventivo que busca romper con los ciclos de violencia en el país", dijo Rivera Torres.

Y es que no se trata de una organización comunitaria más en la lucha contra el crimen. Alapás es la única entidad privada sin fines de lucro dedicada a ofrecer servicios integrales a los sobrevivientes del crimen y familiares de asesinados. Y lo hacen con poco dinero.

El pasado año fiscal apenas contaron con unos $ 61,300. Tan solo en el último trimestre del 2011 ofrecieron 311 servicios, todos libre de costo. Entre los servicios se encuentran sicólogos para adultos y niños, terapia individual y grupal, grupos de apoyo, orientación legal y asistencia en los procesos judiciales. Con su limitada operación y escaso presupuesto, en el último año Alapás añadió 70 nuevos casos a sus operaciones. Cerca del 40% de los que solicitan ayuda ante ellos son referidos al programa por el propio Departamento de Justicia que ahora le niega los fondos.

Una tercera parte del presupuesto de la organización fue utilizado para pagarle a los sicólogos y al contable...

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