En alerta el sector privado tras la quiebra
Tras consumarse lo que muchos esperaban, y otros pocos se negaban a aceptar: la solicitud de quiebra del Gobierno de Puerto Rico al amparo del Título III de la Ley PROMESA, diversos sectores económicos toman previsiones y se preparan para enfrentar el futuro, de cara a un proceso legal incierto y a la vez novel.
“En la coyuntura que estamos, no había otra alternativa viable. Hace dos o tres años, yo estaba renuente a una quiebra, pensaba que debíamos ser más organizados, reducir gastos y pagar. Pero ya no, desde la primera degradación en febrero de 2014, hemos ido teniendo una muerte lenta. Ahora, debe ser más rápido el saber lo que va a pasar”, expresó Kenneth Rivera, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico, quien opinó que el paso que dieron el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue positivo.
No obstante, reconoció que nunca antes un país se ha acogido a la quiebra; lo han hecho corporaciones públicas o ciudades. Esto implica que el caso de Puerto Rico podría sentar un precedente. De hecho, ya se comenta que varios estados están pendientes a cómo se maneja esta quiebra, ya que algunos tienen dificultades para pagar sus obligaciones también.
“Esto nunca había pasado, es un caso novel que un país se vaya a la quiebra con unas reglas de juego establecidas. Por el momento, hay ciertas protecciones, nos dieron un mapa y una caseta de campaña. Si eso va a ser suficiente, no sabemos. Pero por lo menos, nos quita algo de incertidumbre y eso es positivo. Habrá que ver el corte que le va a tocar a cada cual”, sostuvo el CPA, quien estimó que a Puerto Rico le podría tomar de siete a 10 años el volver a tener acceso a los mercados.
En horas de la mañana del pasado viernes, el juez presidente del Tribunal Supremo de EE.UU. designó a la jueza Laura Taylor Swain, a cargo del caso y esta trabajará desde San Juan. Taylor, graduada de la Universidad de Harvard, fue jueza de bancarrota antes de ser nombrada al distrito sur de Nueva York en el 2000.
Mientras, a juicio del economista José Caraballo Cueto, la decisión del Gobierno de radicar la quiebra fue correcta. “Es la noticia menos mala que hemos recibido en los últimos tiempos. Con 19 emisores de deuda y múltiples grupos de bonistas iba a ser muy difícil lograr acuerdos sin ese mecanismo de reestructuración”.
La quiebra, según el economista, no debería acelerar la migración ni la pérdida de más empleos, como sí lo harían las demandas de fondos...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba