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Alza salarial con fondos para la deuda

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Vincent

Los fondos para viabilizar el aumento salarial a maestros y policías en el presupuesto -que comienza el 1 de julio- se obtendrán del dinero retenido por el Departamento de Hacienda para el pago de la deuda, indicaron ayer el secretario de la agencia, Raúl Maldonado y el secretario auxiliar del Tesoro, Francisco Peña.

“Eran los (fondos) que originalmente estaban destinados para el pago de la deuda y servicio de intereses”, precisó Peña.

Explicó que la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal (Ley 5-2017) le permite al gobierno redirigir ese dinero que fue resguardado por Hacienda tras la moratoria en el pago de la deuda producto de su reestructuración mediante el Título III de la Ley Promesa. “Se propone una resolución a la Cámara para que estos recaudos dirigidos para deuda de (la Autoridad de) Carreteras (y Transportación) sean dirigidos a Educación y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) para cumplir con los aumentos a maestros y policías”, sostuvo Peña.

Aunque los dos funcionarios reconocieron que los $201 millones que provienen del arbitrio al petróleo crudo y que serían redirigidos mediante la resolución -en teoría- no son del gobierno, dijeron que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares determinó que los temas de seguridad y educación son de alta prioridad para su administración.

El dinero para el alza salarial no solo vendrá de una fuente de recaudos pignorados, sino que su desembolso no está atado al acuerdo alcanzado recientemente por el mandatario y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Previo a que el ente federal recertificara el nuevo plan fiscal, el dinero para aumentar el sueldo de los policías y maestros debía salir de un Programa de Reinversión de $500 millones en ciertas actividades económicas. Pero tras el tranque inicial entre el gobernador y la JSF, ese programa se esfumó. Los $500 millones descansaban en recortes a la Legislatura, la JSF y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, entre otras agencias.

Ahora, el primer ejecutivo y el ente a cargo de las finanzas de la isla acordaron derogar la Ley 80 a cambio de más dinero en el presupuesto y de proteger, por los cinco años de vigencia del plan fiscal, el bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad.

La fuente de ingresos que tendrían los aumentos salariales no solo sería frágil en su procedencia, sino que...

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