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Amarran las manos a los defensores de los pobres

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Vincent

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas y dos representantes de minoría condenaron ayer los dramáticos recortes recomendados por el Ejecutivo a cinco programas que garantizan servicios legales a las comunidades más desventajadas, colocando en precario el acceso a la justicia en el país.Se trata de las asignaciones a Servicios Legales, la Sociedad para la Asistencia Legal, Pro-Bono y la Oficina Legal de la Comunidad o Clínica Legal de la Universidad Interamericana.En todos estos casos, el Ejecutivo recomendó recortes sobre sus presupuestos vigentes, mientras que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) prácticamente los deja intactos. Con toda probabilidad el presupuesto de la JSF sea el que se imponga finalmente, pero los recortes no dejaron de alarmar a las figuras consultadas por este diario."Le toca al gobernador contestar por qué, pero evidentemente no estaban pensando en el derecho fundamental a la justicia cuando prepararon el presupuesto. En garantizar ese derecho fundamental a la gente pobre para que no quede desamparada dentro de los procesos legales", dijo el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román, quien también criticó el poco tiempo -pocas semanas- separado para discutir el presupuesto.En el caso de la Oficina Legal de la Comunidad y Pro-Bono, el brazo operacional del Colegio dedicado a ofrecer servicios legales gratuitos, quedarían inoperantes con los recortes. La Oficina Legal de la Comunidad tiene un presupuesto vigente de $486,000 reducido a $50,000 por el gobierno, mientras que Pro-Bono ve reducido el suyo a $41,679 del vigente de $405,000.Román llamó la atención a que ni en el presupuesto de la JSF ni en el del gobierno se identifican fondos para el pago de abogados de oficio. Este año fiscal se destinaron $3.6 millones, pero, según Román, el Departamento de Justicia los utilizó para otros fines."Creo que esto es un acto de irresponsabilidad del gobierno el...

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