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Aprobado el acuerdo

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Por Ricardo Cortés Chico

rcortes@elnuevodia.com

Lo que se emprende es una tarea titánica especialmente si se toma en cuenta que en la actualidad ni se sabe como se generarán los $600 millones que se estima podría costar la reforma. También se trata de una lucha contra violaciones de derechos civiles "generalizadas" y "profundamente arraigadas" , según el secretario de Justicia de EE.UU. (DoJ, por sus siglas en inglés), Eric Holder, quien viajó ayer a la Isla exclusivamente para firmar el acuerdo.

"Si bien reconozco que no se producirá una reforma completa y duradera de la noche a la mañana, confío en que este acuerdo abre un camino claro para responder a las inquietudes y corregir prácticas perturbadoras, salvaguardar los derechos de los ciudadanos y restaurar la confianza pública y garantizar la seguridad", dijo Holder.

El funcionario federal, aunque enfatizó en varias ocasiones que las violaciones de derechos civiles eran generalizadas, indicó que esto no implica que la Uniformada sea un cuerpo corrupto. "Es una Policía que necesita una ayuda en los asuntos que hemos resaltado en el acuerdo. No sería justo llamarle una fuerza policiaca corrupta porque eso no hace justicia a los sacrificios que los hombres y mujeres de la Policía hacen diariamente, arriesgando su vida por la protección de los puertorriqueños", dijo Holder.

Según el secretario de Justicia de Puerto Rico, Luis Sánchez Betances, el acuerdo, en términos generales, es una guía que seguirán la Policía y el DoJ para reformar la Policía. El plan mantiene como meta que los cambios en la Policía, que incluyen mejoras en el reclutamiento de cadetes, un agresivo programa de entrenamientos y una mejoría sustancial en el equipo con el que cuenta la Uniformada, sean implantados en su totalidad en un periodo de 10 años, término que podría variar según el desarrollo de los programas.

Holder precisó que el acuerdo tiene fuerza de orden judicial, lo que, en cierto modo, garantiza la continuidad de las iniciativas implantadas independientemente de lo que pase en los próximos diez años.

En términos jurídicos, con el acuerdo, y los pormenores económicos, que serán precisados la semana entrante ante el juez Gustavo Gelpí, se desestimará la demanda por derechos civiles contra la Policía pero el tribunal mantendrá su jurisdicción para asegurar el cumplimiento de lo pactado. En los primeros dos años, la reforma necesitará una inyección de entre $60 y $80 millones. Actualmente se cuenta unos $30...

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