'Aquí a los confinados nos tienen echando pipa'

En medio de las dudas que levanta el manejo de los casos de muertes de confinados y la falta de transparencia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), un reo y diversos sectores denunciaron que el Estado tampoco cumple con su función rehabilitadora y apenas logra ofrecer servicios de salud que, recientemente, se han visto amenazados por recortes presupuestarios y limitado personal."La gran mayoría de las violaciones de derechos humanos en las cárceles de Puerto Rico tienen que ver con la falta de acceso a servicios de salud y medicamentos", afirmó el abogado William Ramírez, presidente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).Sostuvo, por ejemplo, que han recibido casos de personas con miedo de que sus familiares confinados mueran al, presuntamente, no recibir tratamiento médico para sus condiciones de diabetes, cáncer, VIH o hepatitis C."Aquí a los confinados nos tienen echando pipa, no nos tienen haciendo nada, estamos aquí invernando", manifestó un reo en entrevista con El Nuevo Día y quien habló en nombre de otros compañeros encarcelados.El preso, quien lleva 13 años en el sistema penal, alegó también que Corrección incumple con los acuerdos de transacción del histórico pleito de clase Morales Feliciano, en cuanto a condiciones de salud física y mental.Denunció, además, lo limitado que son los servicios de salud, los que describió como "pésimos"."Atienden cierta cantidad de confinados diariamente y los otros los dejan para el otro día o, tal vez, no los llaman al menos que el confinado vuelva a llenar el ‘sick call’", indicó.Las quejas del reo, quien por seguridad prefirió mantener su nombre en anonimato, son reflejo de las mismas que casi todos los días llegan a manos de la Comisión de Derechos Civiles, aseguró su director ejecutivo, Ever Padilla Ruiz.De las aproximadamente 350 querellas al año relacionadas con las condiciones carcelarias, se desprenden denuncias variadas: falta de acceso a servicios médicos, salud mental y educación, pobres interacciones con el personal sociopenal, traslados injustificados, bonificaciones sin adjudicar, represalias y obstaculización del cumplimiento de los reos con su plan institucional, por mencionar algunas.El panorama se agrava cuando se toman en consideración los recientes recortes al DCR y al programa de salud correccional, administrado por Physician Correctional desde 2018. Para este año fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó un presupuesto de $380.9...

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