Aseguradoras no pagan al gobierno

 
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A casi dos años del huracán María, el Departamento de la Vivienda, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Tren Urbano y hasta la Universidad de Puerto Rico (UPR) mantienen decenas de instalaciones cerradas o a la espera de reparaciones porque no han cobrado sus seguros, reveló un análisis de El Nuevo Día.Según los relatos de jefes de agencia, la espera ha sido tal que, en algunos casos, las agencias consideran demandar a las aseguradoras y en otros, ni siquiera se ha recibido una oferta del asegurador. En los peores casos, se transó la reclamación con menos de la mitad de la pérdida asegurada.Mientras más de un centenar de reclamaciones de gobierno, según cifras oficiales, se barajan en los escritorios de ajustadores y abogados, instalaciones como el Departamento de Justicia en Miramar, escuelas en Barranquitas y Las Marías, y centros de gobierno en Naguabo y Corozal, entre otros, no han reabierto desde el azote de María a Puerto Rico.En otros lugares como el Tren Urbano y en múltiples carreteras, escaleras y ascensores continúan inservibles o faltan letreros y semáforos que reparar."Estamos analizando seriamente la alternativa de demandar", dijo a este diario Fernando Gil Enseñat, secretario del Departamento de la Vivienda, quien sostuvo que el retraso de Mapfre en pagar su reclamación afecta por partida doble a la dependencia."Tenemos el edificio de Miramar donde estaba el Departamento de Justicia, tengo las verjas perimetrales de muchas escuelas que se cayeron o quedaron destruidas por árboles… Tengo 14 propiedades cerradas, incluyendo cuatro escuelas que requieren nueva construcción o reemplazo total de la estructura", explicó, por su parte, Melitza López Pimentel, directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).En total, según López Pimentel, Edificios Públicos reclamó a Triple-S Propiedad daños ascendentes a $127 millones. Su póliza de seguros cubría $90 millones.Gil Enseñat y López Pimentel son dos de, al menos, una decena de jefes de agencia que llevan una batalla para recuperar parte o la totalidad de los daños ocasionados por la temporada ciclónica de 2017. Agencias, corporaciones públicas y municipios están obligadas por ley o reglamentación federal a comprar seguros de propiedad y contingencia, en especial, si luego se pide ayuda al gobierno federal.Según fuentes de El Nuevo Día, a la hora de pagar reclamaciones, las agencias de gobierno son "lo...

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