Ausente una defensa clara del patrimonio

 
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Los acreedores de la deuda de Puerto Rico, ascendente a $73 mil millones, podrían exigir saldarla ante los tribunales con bienes del patrimonio cultural -tal los edificios históricos del San Juan antiguo- o del patrimonio natural -tal las tierras del Corredor Ecológico del Noreste. Grecia, con una deuda superior a los $300 mil millones, y Detroit, con $18 mil millones, lograron proteger su patrimonio. Sin embargo, en Puerto Rico no existe una lista exhaustiva de esos bienes, ni una política pública de protección y salvaguarda; más aún, el gobierno mismo pone a la venta o arrienda sus propiedades sin tener directrices claras.En nuestro país, los miembros de la junta de síndicos y el equipo del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) siguieron con aprensión las noticias de Grecia y Detroit. Inaugurado en el año 2000 y parcialmente subsidiado con fondos gubernamentales, el MAPR es lo que más se aproxima a un museo de arte nacional. Expone en sus salas la historia del arte puertorriqueño, con obras de Campeche, Oller, Myrna Báez, Martorell, Tufiño, Roche, Allora & Calzadila, Olga Albizu, Hernández Cruz y otros.Ya que el arte del MAPR, contrariamente al del Instituto de Artes de Detroit (DIA), no calificaba como bien público se mantuvo siempre al abrigo de acreedores. No obstante, el edificio histórico, antiguo Hospital Municipal reconvertido en museo a un costo de $54 millones, sus terrenos y un estacionamiento comercial se inventariaban sí entre las propiedades del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).En 2016, con la aprobación de la malquerida ley PROMESA, se perfiló la amenaza real y concreta de ventas a mansalva por el gobierno o por exigencias de los acreedores. Las obras del arte de Puerto Rico podían de golpe perder su hogar, con el desarreglo, desorden y perjuicio irreparable que aquello significaría. Preocupada la junta, los licenciados Arturo García Solá y Marcos Rodríguez Ema, presidente y expresidente respectivamente de la Junta de Síndicos del MAPR, abordaron seguido al BGF y al gobierno.-Detroit sirvió como incentivo para encontrar una solución (…) El objetivo era salvaguardar la casa del Museo- explica García Solá.El entonces presidente del BGF, Christian Sobrino, aprobó la idea allanando el camino. Se convino redactar un proyecto de ley siguiendo la del Fideicomiso de la Península de Cantera y la del de Ciencia, Tecnología e Investigación. García Solá recuerda la coordinación efectiva por Fortaleza, los contactos tácticos, las...

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