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Aval a medida anticorrupción

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Vincent

El Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) coincidieron ayer en que cualquier persona convicta de un delito grave contra la función pública no debería gozar del beneficio de una sentencia suspendida, esto en el contexto de la discusión de un proyecto de administración que busca crear lo que se conoce como el Código Anticorrupción de Puerto Rico.

La fiscal Inés Carrau, en representación de Justicia, y la directora ejecutiva de la OEG, Zulma Rosario Vega, plantearon a preguntas del senador Miguel Romero que todos los delitos de corrupción deben estar exentos de este beneficio.

La pieza se discutió en una vista conjunta.

“Si no le ponemos unas cortapisas en cuanto al tipo de sentencia que le imponen a estos perpetradores de lo que es la fe pública, es bien difícil disuadir que cometan estos actos”, dijo Rosario Vega en una vista en el salón Leopoldo Figueroa.

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente planteó en una ponencia lo mismo: que todo convicto por delito grave contra la función pública no se pueda beneficiar de la sentencia suspendida o una probatoria.

El propuesto Código Anticorrupción de Puerto Rico establece que...

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