En la balanza la libertad religiosa
Acorde a su plan de gobierno, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares estampó su firma -la semana pasada- sobre una medida que exime a las iglesias-escuela del proceso de licenciamiento que regenta el Consejo de Educación, pero que establece un proceso de certificación y de registro para estas instituciones educativas.
Rodeado de niños y líderes religiosos en el Jardín Hundido de La Fortaleza, el mandatario reafirmó su compromiso con la educación privada y las alternativas pedagógicas “no tradicionales” y su respeto por la diversidad de creencias ideológicas o religiosas.
Un mes antes, el Senado aprobaba la pieza legislativa en medio de un debate sobre el derecho a la libertad de religión y la facultad del Estado para regular los servicios educativos.
El proyecto de la autoría de los senadores Nayda Venegas Brown y Ángel Martínez Santiago pasó el cedazo de la cámara Alta con 20 votos de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Al defender la medida, Venegas Brown, pastora de una iglesia evángelica, invocó el derecho de los padres a escoger una educación para sus hijos enmarcada en sus valores religiosos.
Pero los nueve senadores de minoría, que rechazaron el proyecto, cuestionaron la dispensa para no cumplir con los requisitos del Consejo de Educación otorgada a las iglesias-escuela, porque podría afectar la calidad de la educación que reciben los niños y niñas que estudian en estas instituciones.
En la Cámara de Representantes, el proyecto contó con 44 votos de legisladores rojos y azules. Votaron en contra los representantes Manuel Natal Albelo, del Partido Popular Democrático, y Denis Márques Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño.
trámite de la medida
Los senadores Martínez Santiago y Venegas Brown presentaron el proyecto para instituir la nueva ley de las iglesias-escuela el pasado 17 de enero.
Esta medida, a su vez, derogaba la Ley 82 de 1995, que autorizaba la operación de las instituciones educativas “no tradicionales” sin que mediara una licencia del Consejo de Educación. Esta exención se amparaba en el derecho constitucional a la libertad religiosa.
Un día después, la representante María Milagros Charbonier Laureano radicó una medida similar en la cámara Baja.
La presentación de las medidas, que forman parte del programa de gobierno del PNP revivió el debate sobre la separación de la Iglesia y el Estado.
Como parte de esa conversación pública, también surgieron preocupaciones sobre la vaguedad del lenguaje de...
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