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Buscan identificar documentos falsificados

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Vincent

La pesquisa federal, que en un inicio giraba en torno al supuesto esquema de favoritismo con al menos un contratista del Municipio de San Juan, se adentró ayer en una complicada trama de presuntas falsificaciones y alteraciones de documentos que podrían desembocar en cargos de obstrucción a la justicia o encubrimiento contra funcionarios públicos.Ayer, por lo menos, se tenía claro que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) tuvo suficiente información de peso para lograr que un juez del Tribunal Federal emitiera una orden de allanamiento para detectar supuestos actos de obstrucción perpetrados en la División de Compras del Municipio de San Juan.Mientras, se supo que la Oficina de la Contralora mantiene abierta una auditoría sobre las actuaciones de esta oficina que, hasta hace dos meses, era supervisada por el entonces secretario municipal, el arquitecto Magdiel Pérez González, funcionario que se reportaba ante la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto.Pérez González fue gerente de los proyectos de vivienda financiados con el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales durante la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá."El ámbito de este allanamiento está relacionado a fraude potencial y obstrucción", sostuvo Douglas Leff, jefe del FBI en Puerto Rico."Hemos observado hechos que, cuando comenzamos a investigarlos, hay unas inconsistencias, y por eso seguimos investigando. Hay una posibilidad de falsificaciones", añadió Leff.El jefe del FBI indicó que conocían que los presuntos actos de encubrimiento estaban ocurriendo en el ayuntamiento, pero que no fue hasta hace poco que pudieron reunir la evidencia suficiente para llevar a cabo el allanamiento.Anoche, al cierre de esta edición, el FBI se mantenía en los pisos 3, 4, 14 y 15 de la Torre Municipal en Hato Rey. Decenas de agentes, encabezados por la unidad de recopilación de evidencia y de análisis cibernético, examinaban los documentos y las computadoras municipales.Al momento del allanamiento, Leff dijo que no podían señalar si la pesquisa se dirige hacia un funcionario en particular o, incluso, la misma alcaldesa, quien ayer no concedió entrevistas sobre el tema y despachó la situación con declaraciones escritas."Les reitero a los empleados municipales que tienen un deber de que todas sus acciones sean legales, morales y éticas... Cualquier empleado que no haya cumplido con su deber, o que no haya cumplido con las reglas y reglamentos, luego...

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