Capítulo I. Disposiciones generales

Páginas229-234
AutorRuth E. Ortega-Vélez
Código Civil –LIBRO TERCERO– Los Derechos Reales
229
De acuerdo con el Tribunal Supremo, cuando hay desplazamiento posesorio
–porque se ha dicho que no es requisito esencial para la validez de la anticresis el que
el deudor ponga al acreedor anticresista en la posesión de la finca– aunque esa es su
común característica, habido tal desplazamiento, según el Art. 1783, el deudor no
puede readquirir el goce del inmueble sin antes haber pagado completamente a su
acreedor; reconociéndole a éste un derecho de retención. Por el contrario, según el
propio artículo, para librarse de las obligaciones que le impone el Art. 1782, el
acreedor anticresista sí puede siempre obligar al deudor a que entre de nuevo en el
goce de la finca, a menos que hubiere pacto en contrario.
Art. 1020.-Pacto sobre compensación de intereses. (31 LPRA §8744)
Los contratantes pueden pactar la compensación de los intereses de la deuda
con los frutos de la finca objeto de la anticresis.
Comentario: El Art. 1020 procede del Art. 1785 del Código Civil de Puerto Rico
(1930). El Art. 1020 enuncia una norma de derecho dispositivo (puede ser negociada
por la autonomía de la voluntad). Se modificó el lenguaje para sustituir la expresión
estipular que se compensen por pactar la compensación de.
Art. 1021.-Extinción. (31 LPRA §8745)
La anticresis se extingue por la extinción de la obligación asegurada y por las
causas de extinción del derecho real.
Comentario: El Art. 2021 no tiene antecedentes legislativos; se inspira en la
doctrina. La anticresis, como derecho real de garantía, se extingue al desaparecer la
obligación garantizada. Además, se extingue por su renuncia y por la realización del
valor del inmueble.
TÍTULO VIII.
LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES
Introducción: Se denominan –Historial Legislativo (pág. 988-989)– derechos de
adquisición preferente a aquellos derechos reales que autorizan a su titular para
provocar la adquisición en propiedad de un bien, con precedencia sobre cualquier otra
persona. Estos derechos pueden configurarse de naturaleza personal o crediticia, pero
tanto la ley como el acto que los conceden pueden dotarlos de eficacia erga omnes
amparada por la necesaria publicidad legal o registral.
El Código Civil de 1930 no reguló con carácter unitario los derechos reales de
adquisición preferente. Sólo reguló con carácter general el retracto legal. Este
particular tratamiento legislativo se debió, en gran medida, al debate doctrinal sobre
la naturaleza de estos derechos.
Mientras aún hoy un sector de la doctrina entiende que los derechos de adquisición
no son propiamente derechos reales, y hasta les niega la categoría de derechos
subjetivos, otro sector, cada día más pujante, estima que pueden configurarse como

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