Capítulo IV. Extinción de la obligación alimentaria
| Páginas | 525-526 |
| Autor | Ruth E. Ortega-Vélez |
Código Civil –II– Las Instituciones Familiares
525
contractuales sino también en las de naturaleza ex delicto y las demás impuestas en el
Código Civil. No obstante, tanto en el Derecho civil como en el común se permite el
encarcelamiento por deudas en determinadas ocasiones. El encarcelamiento no se
produce para vindicar intereses privados. La excepción nace por el valor público que
lleva implícito; de lo que se trata es de obligar al descargo de una responsabilidad de
mayor rango, de un deber revestido de gran interés público. Esta es la validación del
uso del desacato civil, bajo ciertas condiciones en Puerto Rico, para provocar el
cumplimiento de pensiones alimentarias.
La determinación de lo que constituye una deuda para fines del Artículo II de la
Constitución y del Art. 1811 del Cc de Puerto Rico no es “un ejercicio de puro
razonamiento abstracto. La tabla de valores de la comunidad es la que provee la clave.
Si una obligación privada tiene un carácter tan acentuado de deber social que lo
segundo ahoga o sobrepasa lo primero, como en el caso de las pensiones alimentarias,
la vía del apremio personal puede estar disponible”.
Art. 678.-Insolvencia del alimentante. (31 LPRA §7574)
La insolvencia del alimentante no le exime del pago de la pensión. El tribunal
puede modificar el modo de pago, pero no la cuantía razonable que necesite el
alimentista para su subsistencia y desarrollo integral.
Comentario: El Art. 678, al igual que el Art. 677, procede Ley Núm. 56-2000. Este
precepto acoge la norma federal sobre el descargue de las obligaciones alimentarias
en caso de la insolvencia declarada del alimentante. Su propósito es ofrecer garantías
al alimentista para que tenga lo mínimo necesario para vivir y evitar que el alimentante
se valga de la pereza para no procurarse un trabajo o los medios necesarios para suplir
su obligación alimentaria.
En Arguello López v. Arguello García, 2001, 155 DPR 62, se sostuvo que en los
casos en que el alimentante pueda demostrar que sus ingresos han disminuido, los
tribunales de instancia, al tomar en cuenta la prueba ante sí, tienen la obligación de
distinguir entre las situaciones en que la reducción de ingresos ha ocurrido por razones
legítimas y los casos en que la reducción ha sido deliberada o se debe a la falta de
diligencia o a la dejadez del alimentante. Lo esencial es que el tribunal verifique que
la reducción en los ingresos del alimentante no sea un artificio para éste incumplir con
su obligación de alimentar a sus hijos adecuadamente.
CAPÍTULO IV.
EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
Art. 679.-Extinción de la obligación alimentaria. (31 LPRA §7581)
La obligación de dar alimentos se extingue:
(a) por la muerte del alimentista o del alimentante;
(b) cuando el patrimonio del alimentante se reduce hasta el extremo de no
poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia
inmediata; salvo cuando el alimentista sea menor de edad, que será de aplicación
las normas de la legislación especial complementaria;
(c) cuando el alimentista puede ejercer un oficio, profesión o industria, o ha
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