Capítulo VII. Gestiones en cuanto a los bienes de los hijos

Páginas490-496
AutorRuth E. Ortega-Vélez
Código Civil –II– Las Instituciones Familiares
490
ejercicio de las facultades del progenitor y establece diversas reglas aplicables a la
patria potestad prorrogada. Además permite la prolongación de la patria potestad para
que los progenitores continúen velando y cuidando del menor y de sus bienes cuando
esté incapacitado una vez adviene a la mayoridad. El tribunal puede tomar medidas
provisionales para salvaguardar el interés óptimo del menor.
El precepto procura salvar las lagunas normativas que pudieran surgir en la
custodia y el ejercicio de la patria potestad sobre el hijo incapaz, mayor de edad,
particularmente en los aspectos relativos a sus bienes. La referencia prioritaria a la
determinación judicial busca proteger al máximo la independencia y la individualidad
del hijo ante la autoridad extendida de los progenitores. Si hubiera duda sobre la
norma a aplicarse, de modo supletorio, se regulará la relación por las normas de este
título, para mantener la coherencia de la institución.
En todo caso, puede el tribunal, de considerarlo conveniente al interés óptimo del
hijo incapaz, adoptar las medidas cautelares necesarias para proteger su persona y los
bienes que son de su exclusiva propiedad. En este caso, el precepto permite que
cuando no se haya anticipado la cuestión en la sentencia judicial, o no se halle norma
aplicable en este título, que los conflictos relativos al ejercicio de la patria potestad
sobre los bienes del hijo se resuelvan por las normas que regulan la tutela.
Se destaca el carácter subsidiario de las normas que regulan la tutela si se trata de
la gestión sobre los bienes del hijo e hija. Siempre debe preferirse el mandato judicial
dictado para ese incapaz particular, complementado, entonces, por las normas que
regulan la patria potestad, porque de ese ejercicio se trata. Sin embargo, por las
dificultades especiales que presentan los conflictos patrimoniales, parece propio que,
ante la posibilidad de que se cuestione la validez o la prudencia de un acto realizado
por el progenitor, se anticipen las soluciones que la ley provee para el caso en que
surjan intereses opuestos entre el hijo incapaz y el progenitor gestor. Este título
recurre al nombramiento de un defensor judicial cuando exista ese conflicto y recae
el nombramiento en la persona que actuaría como tutor si procediera esa designación.
Por ser el hijo mayor de edad, para el caso de conflictos serios, podría nombrarse a un
tercero como su tutor para la sola administración de sus bienes. La referencia, con
carácter subsidiario, a las normas sobre la tutela anticipa la solución coherente de
estas dificultades.
La patria potestad prorrogada tiene carácter de privilegio estatutario porque se
extingue tan pronto adviene el hijo a la mayoridad. La incapacidad demostrada del
hijo es lo que permite que continúe bajo el poder de los progenitores, sin interrupción,
o que se restituya a ellos si se cumplen los criterios normativos para el caso en que
alcanza la mayoría de edad sin restricciones a su capacidad de obrar por sí mismo,
pero luego adviene incapaz. Por tanto, puede el tribunal limitar su ejercicio, si lo
estima conveniente para el hijo.
CAPÍTULO VII.
GESTIONES EN CUANTO A LOS BIENES
DE LOS HIJOS
Introducción: A consecuencia de la limitación de la capacidad de obrar de los
menores de edad, sus actuaciones jurídicas deben llevarse a cabo a través del
mecanismo representativo; o, como señala Diez-Picazo (pág. 291), "a través del
complemento de la capacidad consistente en el consentimiento o la autorización de

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