CARGADAS LAS AGENDAS EN EL CAPITOLIO

Aunque con diferentes enfoques, legisladores de mayoría y minoría coinciden en que las medidas de desarrollo económico, reforma laboral, reforma electoral y protección del ambiente deben tener prioridad en la primera sesión ordinaria del año que arranca hoy."Debemos darle prioridad a la recuperación de Puerto Rico y al desarrollo económico. Tenemos una gran cantidad de fondos federales que todavía no han llegado a su destino, tanto a las personas que lo perdieron todo en María, como en (los terremotos) del área sur en las escuelas. Estamos hablando de mucho dinero y el propio gobierno está aceptando en los medios de comunicación que están atrasados. Tenemos que buscar la manera de agilizar eso y si necesitan ayuda legislativa, presentar las resoluciones conjuntas, los proyectos que puedan ayudar a lograr esa recuperación", dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.También indicó que inició un diálogo con sectores económicos para trabajar propuestas de desarrollo económico. "La Ley Promesa tiene una sección a esos fines y ya que hicimos el presupuesto balanceado y trabajamos con el Plan de Ajuste de la Deuda, vamos ahora a la parte de la Ley Promesa que conlleva el desarrollo económico y estaremos priorizando eso como parte de los trabajos que inician ahora en 2022", dijo el líder senatorial. Sostuvo que propondrá atender primero legislación para asegurar el retiro de los policías y "después que se identifiquen los fondos, atendemos el retiro de las demás agencias".En torno al Código Electoral dijo que "las enmiendas están bien adelantadas y las estaremos discutiendo con los partidos políticos al comienzo de la sesión". Dijo, además, que atenderán el Código Ambiental y agregó que la Reforma Laboral, que se aprobó a viva voz al cierre de la segunda sesión de noviembre, pero se quedó sobre la mesa, se llevará a votación final, "si tiene los votos".Agenda novoprogresistaEl portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), en la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez Núñez dijo que promoverán una transición ordenada de la Ley 154-2010 sin que se pierdan los ingresos que el estatuto provee anualmente al erario, que se estiman en alrededor de $2,000 millones y dirigirlos hacia métricas de cumplimiento para cambios a energía renovable, mejorar las condiciones de trabajo del personal médico, mayores recursos para la educación de niños con necesidades especiales, agilizar el trámite de permisos y cambios al sistema de manejo de neumáticos...

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