Choque en las altas esferas
Por Israel Rodríguez Sánchez
israel.rodriguez@elnuevodia.com
En una acción anómala y sin precedentes en Puerto Rico y Estados Unidos, la mayoría de jueces del alto foro declaró inconstitucional mediante una resolución -y no a través de una Opinión y Sentencia, como se hace generalmente- parte de la Ley 18 del 15 de mayo de 2013, en un choque de poderes.
Esa ley, impulsada por la ramas Ejecutiva y Legislativa, eliminó la facultad del Supremo para intervenir en casos pendientes ante los tribunales de menor jerarquía cuando se planteen cuestiones noveles de derecho o de alto interés público de índole constitucional.
"La Ley Número 18, supra, representa una intromisión inconstitucional de la Rama Legislativa con el ámbito de acción de la Rama Judicial", lee la resolución del Supremo, que contó con los votos a favor de cinco de los seis jueces nombrados por la pasada administración novoprogresista.
El juez Luis Estrella, nombrado también bajo la pasada administración, concurrió con la mayoría en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad pero emitió un voto particular para consignar que entiende que el alto foro debió traer a consideración inmediatamente los casos en controversia. Los tres jueces nombrados bajo administraciones populares votaron en contra.
En su resolución, el máximo tribunal dejó claro que mirará con "alta sospecha" cualquier legislación que parezca de "encargo" o que procure dictar el resultado de un caso particular en los tribunales del país o dilatar su trámite. Además, criticaron duramente al autor de la ley, el senador popular Eduardo Bhatia.
"La verdadera intención de este estatuto -expresada abiertamente por su autor y evidenciada por el trámite acelerado y atropellado para su aprobación- era maniatar a este Tribunal y evadir la revisión judicial de estos y los demás casos contra el Gobierno en etapas medulares y significativas. Ello es insostenible y no podemos avalarlo. En realidad, quien quedaría maniatado por la Ley Número 18 es el pueblo de Puerto Rico, al ver truncado el acceso a la justicia en una etapa significativa y decisiva del proceso legal", dice la resolución.
La controversia surgió cuando cientos de empleados públicos impugnaron en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan la constitucionalidad de la ley que reformó el Sistema de Retiro del Gobierno porque entienden que les priva de derechos adquiridos y menoscaba acuerdos contractuales.
Estos empleados pidieron que el caso fuera visto con urgencia...
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