Choque de poderes en Puerto Rico

Punto de vistaLa Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico ha iniciado un nuevo procedimiento adversativo en el que solicita una sentencia declaratoria e interdicto contra la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y Ricardo Antonio Rosselló Nevares, gobernador de Puerto Rico, ante el tribunal de Promesa, que preside la jueza Laura Taylor Swain.La presentación de esta nueva demanda, a la sombra de la nube que se ha levantado sobre la legitimidad de los nombramientos de los miembros de la Junta, y que ha llegado hasta el Primer Circuito de Apelaciones y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se puede considerar uno de los momentos de mayor deterioro en la relación entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico desde que se comenzó a ejecutar la ley Promesa, supuestamente para rehabilitar la economía y administración fiscal de Puerto Rico.La demanda trata sobre la extensión de los poderes de la Junta para ejecutar los planes fiscales certificados y el presupuesto, aun en contra de la voluntad del primer ejecutivo. Específicamente se concentra en recortes a pensionados, la insolvencia de los municipios y las aportaciones que se supone hagan los ayuntamientos para los planes de salud de los empleados retirados y en funciones.Es interesante el planteamiento que hace el abogado de la Junta sobre la naturaleza de la acción cuando menciona que Promesa crea una junta apolítica para tomar decisiones difíciles y no populares, así como para proteger al gobernador de dichas decisiones, si este decide no aprobar las mismas.La demanda se presenta porque la administración del gobierno de Puerto Rico legisló para eximir a los municipios de sus obligaciones, sin la autorización de la Junta, aun cuando dichas exenciones significan un impacto presupuestario negativo, que se estima en $311 millones para el periodo fiscal 2020 y puede llegar hasta $1,700 millones en 2024.La Junta informa en su demanda que había notificado de dicho inaceptable impacto negativo e al gobierno de Puerto Rico, que no tomó acción alguna para justificar esa desviación del presupuesto.La base legal para la demanda constituye la Sección 204 a-5 de la ley Promesa, que autoriza a la Junta a tomar cualquier acción que considere necesaria, siempre que sea consistente con Promesa, para asegurarse que la implementación de cualquier ley no afecte adversamente el cumplimiento del gobierno...

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