Cierran puerta para investigar la deuda pública
Puerto Rico perdió ayer la única alternativa que quedaba para conocer la legalidad de la deuda pública, cuando la magistrada Judith Dein denegó sin perjuicio el pedido del comité de Acreedores no Asegurados (UCC) para investigar el asunto.
En sus argumentos, el abogado del UCC, Luc A. Despins, aseguró que el interés de cooperación que alegaron las instituciones financieras y el gobierno no ha resultado, a la fecha, en la divulgación de ningún documento; que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no se movió a investigar la deuda hasta que ellos acudieron al tribunal y que el alcance de una pesquisa de un comité de acreedores es distinto al que podría darse en la figura del investigador especial nombrado por la JSF.
En términos muy simples, Despins planteó que mientras la investigación que persigue la JSF no busca tomar acción legal o punitiva contra quienes posean alguna responsabilidad en la quiebra de Puerto Rico sino más bien escribir “un libro” del tema, el rol del UCC es identificar cómo asegurar la mayor probabilidad de pago a los acreedores. Esto, en especial, si se comprueba que hubo transacciones ilícitas que invalidarían las reclamaciones de ciertos grupos de acreedores.
El UCC pidió a la corte entrar en un proceso de descubrimiento de prueba a través de la regla 2004 del Código de Bancarrota.
Dein indicó que posteriormente emitiría su orden para consignar la negativa a la moción del UCC, pero que su fallo sería sin perjuicio. Como resultado, el UCC puede acudir nuevamente al foro judicial si lo entiende necesario.
Alianza con la JSF
La magistrada emitió el fallo luego que la JSF estableciera lo que pareció ser una especie de alianza con el comité de Retirados y el gobierno, que convenció al tribunal de que la pesquisa que realiza la firma contratada por el ente federal, Kobre & Kim avanza y servirá para entender cómo se produjo la bancarrota de la isla.
El abogado de la JSF, Paul Vossinger, la abogada del comité de Retirados, Catherine Steege, del bufete Jenner & Block, y su homóloga para la AAFAF, Elizabeth McKeen, revelaron en sala que han mantenido conversaciones y que, incluso, han suscrito acuerdos de confidencialidad entre ellos para, entre otras cosas, compartir los documentos que se requerirán a bancos de inversión y otras entidades que participaron de la emisión o venta de la deuda de Puerto Rico, articular estrategias de investigación y participar de los interrogatorios a testigos, de ser necesario.
Los argumentos...
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