Claman por educar para la equidad

Con el desenmascaramiento del afamado productor de cine Harvey Weinstein –acusado por más de 80 mujeres de haber incurrido en acoso sexual, actos lascivos y hasta violación–, las placas tectónicas de la industria de cine de Hollywood han experimentado una sacudida. A menudo siguen cayendo nombres de figuras públicas, y el llamado a seguir denunciando ha roto con la cultura de secretividad que durante muchos años ha imperado en el mundo del espectáculo.

Puerto Rico no está exento de la discusión. De hecho, uno de los casos más sonados del 2017 fue el del exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill –destronado de su poltrona–, a quien se le halló causa por arresto en siete de los 11 cargos criminales presentados en su contra, entre los que figuran actos lascivos, violencia doméstica y violaciones a la Ley de Ética.

Ahora, el tema vuelve a protagonizar la discusión pública con la renuncia del director ejecutivo de la Compañía de Turismo, José Izquierdo, circundado por quejas de acoso sexual.

“El Tribunal Supremo, en el caso de Puerto Rico, ha reiterado de manera consistente que el hostigamiento sexual violenta el primer principio que contiene la Carta de Derechos, que la dignidad del ser humano es inviolable”, dijo, de entrada, a este medio el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres Rivera.

Inicios de la legislación

Pese a ese pronunciamiento constitucional, el camino para aprobar la legislación que prohibió en 1989 el hostigamiento sexual en el trabajo fue escabroso, recordó la portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Josefina Pantoja Oquendo.

“Desde el principio, hubo dificultades”, comentó la licenciada, que estuvo involucrada en el proceso en el Capitolio a fines de la década de 1980.

Recordó que, durante el proceso de discusión de la medida en la Legislatura, surgió como argumento en contra el asunto de la credibilidad. “Decían que esto se podía prestar para que se desprestigiaran a personas que en realidad no habían incurrido en esa conducta”, comentó.

Además, desde el sector privado, se puso en tela de juicio el costo del proyecto, puesto que los patronos tendrían que invertir en protocolos, orientación y propaganda visible de cero tolerancia al hostigamiento sexual.

También, la ley adjudica responsabilidad al patrono, aun cuando desconozca que se está cometiendo un acto de hostigamiento sexual, si son supervisores o gerentes los perpetradores.

“Esa fue una de las áreas más controversiales, pero era importante, sobre todo por los grandes jefes de las grandes empresas, que no están...

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