Crisis en el gobierno pasó ya al Supremo

 
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Los nueve jueces que conforman el Tribunal Supremo tienen en sus manos decidir quién estará a cargo de la isla hasta el próximo año, una decisión para la cual deberán poner en una balanza el peso de los deberes constitucionales de la Legislatura ante los poderes que asumen los funcionarios del Ejecutivo al momento de ser nominados.Esos puntos están al centro de los argumentos que entregaron ayer el Senado, el gobernador juramentado Pedro Pierluisi y el gobierno, representado por la Oficina del Procurador General del Departamento de Justicia, al máximo foro judicial en respuesta a la demanda incoada por la Cámara alta para solicitar anular la juramentación de Pierluisi.El lunes, el máximo foro judicial determinó acoger una demanda sometida por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, en representación del cuerpo legislativo, en la cual cataloga que Pierluisi ocupa la gobernación de forma ilegal ya que su nombramiento como secretario de Estado no fue confirmado por la Cámara alta.Los poderes que tiene un secretario designado durante un receso de la Asamblea Legislativa, la intención de los miembros de la Convención Constituyente al establecer quién sería el sucesor de un gobernador que deje de ejercer sus funciones, y la separación de poderes entre las ramas Ejecutiva y Legislativa están al centro de los argumentos que presentaron las partes al Tribunal Supremo.El Senado reiteró su postura de que Pierluisi debe abandonar la gobernación de forma inmediata y deben declararse nulas las decisiones que haya tomado desde el viernes, cuando asumió el cargo al entrar en vigor la renuncia del pasado gobernador Ricardo Rosselló Nevares."Resulta axiomático que la juramentación y ocupación del licenciado Pierluisi Urrutia en el cargo de gobernador son nulas, ya que la Constitución de Puerto Rico establece de forma clara (...) que para ocupar el cargo de gobernador ante la renuncia efectiva de Rosselló Nevares, el licenciado Pierluisi Urrutia tenía que ocupar el puesto de secretario de Estado en propiedad al momento en que la misma fue efectiva", argumentó la Cámara alta."Ello nunca ocurrió, pues el Senado de Puerto Rico no pudo finalizar su responsabilidad constitucional de consejo y consentimiento para dicho nombramiento, ante las actuaciones de recurrido", lee el alegato del Senado, con el cual sustenta su postura de solicitar que el Supremo ordene a Pierluisi dejar de ejercer las funciones de gobernador.Por otro lado, tanto Pierluisi como el...

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