En la cuerda floja derechos laborales
Un cúmulo de beneficios y derechos adquiridos históricamente por los empleados públicos del País pende de la cuerda floja.
El proyecto de administración que evalúa la Cámara de Representantes y que establecería la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” deroga las disposiciones de los convenios colectivos negociados a través de los años, que podrían obstaculizar el cumplimiento cabal del plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Los dirigentes sindicales lo llaman “la reforma laboral para el sector público” o, incluso, lo bautizan como un nuevo convenio colectivo impuesto de forma vertical sin espacio para negociación.
De ahí que las principales organizaciones sindicales del País convocaran de manera urgente a los empleados públicos para que hoy en la tarde inunden las oficinas del Capitolio con el objetivo de frenar la aprobación de la medida en la Cámara baja.
“El proyecto de ley atenta con destruir todos los beneficios alcanzados por largos años en nuestros convenios colectivos y prácticamente los destruye, suprime y elimina, además de otras medidas de austeridad impositivas contra la clase trabajadora y contra el pueblo de Puerto Rico”, comentó el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), José Rodríguez Báez.
Reducción de beneficios. Radicado por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), el proyecto de ley busca atemperar el marco legal y jurídico vigente para dar cumplimiento al plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Dentro de las 114 páginas del proyecto de ley, se establece un sistema uniforme de beneficios marginales que deja sin efecto los convenios colectivos y las disposiciones que tengan que se consideren contrarias a la nueva ley, a la vez que revisa la aportación patronal al plan médico, elimina el pago por horas extra, define un máximo de $600 para el bono de Navidad, limita y reduce las licencias por vacaciones, por enfermedad, para donar sangre, para atender el desarrollo escolar, para renovar la licencia de conducir, para la vacunación, entre otras enmiendas a las condiciones laborales actuales.
De acuerdo con el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, la medida es una forma de prevenir el despido de 45,000 empleados públicos que había propuesto la JSF.
“La propuesta de la administración Rosselló, según certificada por la Junta, mantiene a todos los empleados públicos en sus puestos y mantiene sus salarios...
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