Cuestionan el poder de la JSF

Además de los cuantiosos recortes en el gobierno, el inicio del análisis del presupuesto sometido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que asciende a $8,922 millones, avivó nuevamente ayer el debate sobre la potestad del ente federal para determinar partidas específicas dentro del gasto público.

El presupuesto impacta severamente a la Administración del Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), la Oficina de la Administración de los Tribunales, la Comisión de Derechos Civiles, el Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de Emergencias Médicas y, tras la crisis provocada por el huracán María, le reduce $1.1 millones al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

La Oficina de la Administración de los Tribunales enfrenta un recorte de $9 millones.

“No creo que la Junta tenga la facultad legal, como dice el gobernador (Ricardo Rosselló Nevares), de acomodar los muebles en la casa… o (determinar) qué programas se van a afectar”, afirmó el representante Antonio Soto, quien como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes dirige el proceso de vistas públicas.

El legislador de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) no cerró la puerta a que algunos recortes propuestos por la JSF sean ajustados mediante enmiendas a la resolución del presupuesto.

A preguntas de Soto, el principal oficial legal y regulatorio de la Aafaf, Mohammad Yassin-Mahmud, insistió que la JSF no tiene la facultad para impedir que la Legislatura redirija esas partidas.

“La política pública la establece el gobierno. La misma Ley Promesa le confiere al gobierno electo de Puerto Rico ese poder, no a la Junta como tal. Lo cierto es que hay leyes aquí, locales, en Puerto Rico, que establecen la manera en cómo se administran los fondos”, manifestó durante la vista pública.

El presupuesto de los 14 Centros de Diagnóstico y Tratamiento del gobierno se queda sin fondos tras un recorte de $7.5 millones, y el Departamento de Educación enfrenta una reducción en gastos de funcionamiento de $29.6 millones y de $54.3 millones en nómina y costos relacionados.

El Departamento de Salud sufrió un recorte de $15.5 millones, y la asignación de $33 millones para viabilizar que los policías coticen para el Seguro Social fue reducida en $19 millones.

Según el calendario impuesto por la JSF, que se aumentó su presupuesto en $4.2 millones, la...

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