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Demanda el procurador

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Por Marga Parés Arroyo

Mpares@elnuevodia.com

La Ley 77 que el gobernador firmó el pasado 24 de julio cambia la estructura de las procuradurías. Con la creación de la Oficina de la Administración de las Procuradurías (OAP) se revierte la estructura que el gobierno anterior estableció en 2011 para agrupar bajo una sombrilla las procuradurías de personas con impedimentos, de veteranos, de salud y de personas pensionadas y de la tercera edad.

"La creación de la OAP propiciaría la mejor utilización de los recursos gubernamentales y garantizaría una mejor coordinación, supervisión, coherencia y efectividad de los esfuerzos de cada Procurador(a)", indica la Exposición de Motivos de la Ley 77.

La Oficina del Procurador de la Salud volverá a ser llamada Procuraduría del Paciente y retoma sus funciones originalmente establecidas en 2001.

Esto significa que sólo podrá intervenir en situaciones que enfrenten los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno (PSG).

"Eso deja afuera al 55% de la población del país, los que tienen seguro privado, los pacientes de la ACAA (Administración de Compensación de Accidentes de Automóviles), los del Fondo del Seguro del Estado y los de Medicare", expuso Mellado.

De acuerdo con Mellado, esta situación viola los derechos constitucionales de más de la mitad de la población al excluirla de la protección que podrían recibir en esta dependencia de enfrentar algún problema en la prestación de servicios de salud.

En la demanda contra el gobierno y García Padilla, Mellado solicita un interdicto contra la Ley 77 que debe entrar en vigor el próximo 24 de agosto.

De acuerdo con Mellado, bajo el nuevo esquema legal, los proveedores de servicios de salud no están obligados a suministrar documentos o información privilegiada, acorde a leyes locales o federales.

"Antes, el Procurador podía entrar al hospital o facilidad de salud y pedir la información que fuera necesaria. Ahora no", dijo Mellado. Lamentó que el monto de las multas de la Procuraduría se redujo de $10,000 a $5,000, a menos que medie violencia o intimidación.

En la demanda de 53 páginas que el galeno presentó en el Centro Judicial de San Juan, junto a su esposa, Olga García Bonilla, y seis representantes de la ciudadanía (cuatro asegurados de planes privados y dos del PSG), se solicita que se declare inconstitucional a la Ley 77 y que la jurisdicción...

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