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Denuncian que el DCR impide a los reos acceso a su representación legal

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Vincent

A causa de la pandemia de COVID-19, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) está dificultando y en casos impidiendo el acceso a representación legal de unas 1,400 personas sumariadas esperando juicio en las cárceles del país, una situación que atenta contra el derecho constitucional a representación adecuada, denunciaron ayer gremios legales y de defensa de derechos humanos.La denuncia fue rechazada por el DCR, cuya secretaria, Ana Escobar, aseguró que, salvo en una institución en Ponce, en la que hubo un brote de COVID-19, las reuniones entre abogados y sus clientes están ocurriendo con normalidad, bien por videoconferencia o presencial.Laura Coss Guzmán, abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), mencionó, en conferencia de prensa, los nombres de 31 sumariados con los que sus abogados han perdido contacto, de los que dijo que son solo "una fracción" de los acusados que atraviesan esta situación.Un sumariado es una persona que no ha sido enjuiciada, de la que se presume que es inocente, que está presa porque no ha pagado fianza. De los 7,159 reclusos hoy en las cárceles, 1,454 son sumariados.De los 31 mencionados por Coss Guzmán, 14 están en el Centro de Ingresos del Sur, mejor conocido como Ponce 676, en la que se dio un brote de COVID-19 que motivó al DCR a decretar un cierre total que no permite siquiera que los internos sean puestos a la disposición de sus abogados mediante videoconferencia, ni tomando todas las precauciones. De...

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