Un documento que sentó cátedra

Por Israel Rodríguez Sánchez

israel.rodriguez@elnuevodia.com

Al presente, esta sexagenaria sigue siendo moderna cuando se trata de derechos fundamentales de los individuos como el respeto a la dignidad humana, la libertad de expresión y de asociación, entre otros.

Pero seis décadas después también son evidentes las limitaciones de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico.

Un análisis -a base de entrevistas a expertos en derecho constitucional- reveló las bondades y los defectos de los postulados que promulga la Carta Magna creada hace 60 años para definir el gobierno propio de Puerto Rico.

Esta reflexión no incluyó la controversia ideológica sobre el status.

La Constitución puertorriqueña es novel desde el principio cuando establece del saque que la dignidad del ser humano es inviolable, una afirmación que solo estaba contenida entonces en la Constitución alemana de 1949, explicó el profesor de derecho constitucional Carlos E. Ramos.

La inclusión de ese principio en la Constitución del ELA, que nunca ha figurado en la Constitución de Estados Unidos, sirvió de modelo para una revisión de la Carta Magna del estado de Montana en 1971, destacó Ramos.

En ese contexto, el abogado constitucionalista Eudaldo Báez Galib señaló que la Constitución de Puerto Rico es más amplia que la de Estados Unidos. Incluso, ambas constituciones chocan en asuntos trascendentales como el de la pena de muerte, que está prohibida en la Constitución de Puerto Rico por reconocer el derecho a la vida.

"Debemos estar bastante orgullosos de nuestra Constitución", expresó Báez Galib.

Lo cierto es que muchos aspectos de la Carta Magna puertorriqueña no vinieron a estar contenidos en constituciones modernas hasta hoy, agregó Ramos, catedrático en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. "Literalmente, se adelantó casi 50 años en muchos aspectos", dijo Ramos.

Uno de esos aspectos que menciona Ramos es el mandato constitucional para que el gobierno apruebe un presupuesto balanceado cada año. No es hasta hoy que en medio de la crisis económica países de la Unión Europea buscan adoptar disposiciones como esa, añadió el catedrático.

Asimismo, Ramos destacó los artículos de la Constitución que declaran como política pública la protección del ambiente y los que tratan sobre los derechos de los trabajadores, la educación pública y la rehabilitación de los confinados.

"Yo creo que cuando se trata de la estructura del gobierno y de su Carta de...

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