Las dos caras de la Ley 22

Por años, Puerto Rico ha utilizado su sistema contributivo para favorecer o penalizar actividades de todo tipo.Pero ninguno de esos tratos preferenciales, que para el 2017 le costaron a quienes pagamos impuestos unos $20,614 millones, ha levantado más pasiones en la discusión pública a nivel local y en Washington que la Ley 22 de 2012.En tiempo reciente, ninguno de ellos tampoco ha resultado en una ofensiva de auditorías desde el Departamento de Hacienda o el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) como la que se ha producido en torno a la Ley 22 y que el año pasado, resultó en el arresto de uno de sus principales promotores: el contador público autorizado Gabriel Hernández.Según el Informe de Gasto Tributario (IGT) de 2017, la Ley 22 le costó al fisco unos $29 millones o aproximadamente una quinta parte de lo que costó la tasa de 4% a los médicos y ciertos profesionales de salud que aprobó el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.En el año fiscal pasado, de acuerdo con el Informe de Decretos a la Gobernadora y la Asamblea Legislativa preparado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), se otorgaron 1,060 decretos bajo la Ley 14 de 2017 dirigida a la clase médica. Desde que se aprobó la Ley 29 de 2012, el DDEC -a través de la Oficina de Exención Contributiva (OEC)- ha aprobado 3,288 decretos. La cifra incluye los 820 decretos aprobados el año fiscal pasado.A diferencia de decretos otorgados al sector industrial o el sector turístico, los decretos por Ley 14 y Ley 22 no están atados a la creación de empleos.Pero a nivel federal, la historia es otra cosa. Un reporte del IRS, preparado a instancias del congresista demócrata José Serrano, reveló que al analizar la información de 2,331 beneficiarios de la Ley 22, alrededor de 647 pagaron, en conjunto, unos $558 millones al erario federal en los cinco años previos a mudarse a Puerto Rico."Puerto Rico, al igual que otras jurisdicciones puede y debe tener incentivos para atraer inversión en áreas específicas", indicó Rolando López, presidente el comité de Política Pública del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA).De acuerdo con López, a través de los años se ha promovido que, a la hora de diseñar política contributiva, se conciban estrategias para "eslabonar" diversas actividades económicas."No queremos que esto sea una jurisdicción barata a la hora de compensar al trabajador", dijo López al señalar que Puerto Rico podría mejorar su estructura de costos...

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