Dudas sobre si controversia debe resolverse en corte

En espera de que el Departamento de Justicia presente sus argumentos a la demanda que reta la ley para la implementación del resultado proestadidad del pasado plebiscito (Ley 165-2020), el juez Alfonso Martínez Piovanetti tendrá que dilucidar, igualmente, si realmente tiene ante sí una controversia que se pueda resolver en el tribunal.El magistrado ordenó ayer a la delegación popular en la Cámara de Representantes, como parte demandante, que enmiende la demanda para cumplir con un trámite procesal y dio a entender que resolverá el caso una vez tenga en sus manos la réplica del gobierno.La Ley 165, aprobada en diciembre, da al gobernador Pedro Pierluisi la facultad de convocar en cualquier momento una o más consultas para validar el resultado del plebiscito de noviembre. Dicha ley también ordena a legislaturas futuras asignarle $1.2 millones anuales a la Comisión de Igualdad para gastos de funcionamiento y salarios.Sin embargo, la Ley 167-2020, que viabiliza la consulta de mayo sobre los llamados cabilderos por la estadidad, derogó la Ley 30-2017, que creó la Comisión de Igualdad.Uno de los argumentos de la parte demandante, representada por el abogado Jorge Martínez Luciano, es que la Ley 165 es inconstitucional porque le quita a la Legislatura ciertas potestades, como convocar eventos eleccionarios...

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