Epílogo
| Autor | Lugo Camacho, Fernando L. |
| Páginas | 309-311 |
Epílogo
Mientras trabajaba en la edición final de este texto se desató la pandemia del
Covid-19. Esta ha sido una crisis sanitaria que comenzó en un punto específico del
planeta, y que se propagó rápidamente hasta afectar a casi todo el globo. Para con-
trolar la difusión del virus se han ensayado distintas medidas, siendo las principa-
les el confinamiento más o menos obligatorio y el cierre de las operaciones regula-
res de un sinnúmero de negocios. Esto ha comportado una reducción masiva tanto
en la demanda agregada como en la oferta agregada. Y para que estas prevenciones
fuesen efectivas, se tuvieron que coordinar con distintas instancias gubernamenta-
les –locales, nacionales e internacionales– y complementar con otras providencias
de carácter económico para compensar por la contracción repentina de la actividad
privada. Las necesidades de coordinación y de intervención gubernamental con el
propósito de implantar políticas compensatorias para contrarrestar la contracción
económica han presentado algunas similitudes con el manejo de la crisis económi-
ca de 2008.
A pesar de que el presente trabajo versa sobre las leyes de ajuste fiscal aproba-
das durante y luego de la crisis económica iniciada en 2008, muchos de los argu-
mentos aquí expuestos son válidos para la compresión de la situación actual pro-
vocada por la pandemia: la necesidad de respuestas fiscales extraordinarias y coor-
dinadas. Se requieren respuestas extraordinarias porque la magnitud y la incerti-
dumbre inducidas por el citado fenómeno impiden que podamos regresar a la
«normalidad» por vías regulares; y coordinadas porque las acciones unilaterales de
los distintos Estados han demostrado ser, una vez más, insuficientes. La necesidad
de frenar –al menos momentáneamente– los flujos migratorios, la reducción del
flujo de mercancías, y la necesidad de intercambio de información sanitaria para
enfrentar la crisis actual requieren de la coordinación y cooperación interestatal
para alcanzar unos resultados verdaderamente eficaces. Y dentro de los Estados,
las ciudades, y las distintas organizaciones político-territoriales –en otras palabras,
en términos intraestatales–, la necesidad de exigirle a la población medidas de dis-
tanciamiento social que propendan a una menor difusión del virus y al restableci-
miento de la «normalidad» sanitaria, ha representado un reto enorme para los
distintos órdenes jurídicos. En especial, el Derecho administrativo en todas sus
vertientes –ordenamientos estatales, autonómicos, y municipales– ha tenido que
adaptarse rápidamente a la situación de emergencia, sopesando el interés público
y la libertad individual. Todavía es temprano para llegar a conclusiones ante un
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