Equidad e imparcialidad Derecho a un juicio justo
Por Marga Parés Arroyo
Mpares@elnuevodia.com
ace varios días se marcó un hito importante en la historia de Puerto Rico luego de que la Administración de Tribunales aceptara la solicitud de organizaciones periodísticas y permitiera la entrada de cámaras de fotoperiodistas y camarógrafos a la sala 507 del Centro Judicial de Caguas, donde se ventilaba el juicio contra el exalcalde de Cidra, Ángel "Wiso" Malavé Zayas, por acosar a cinco de sus exempleadas.
Esta transparencia permitió que el pueblo fuera testigo del curso de los procesos judiciales y conociera, de primera mano, el caso en su etapa judicial.
"Que se permitan cámaras en los tribunales ayuda (a que se garantice un juicio justo e imparcial), porque va a permitir acceso directo y no va a depender de que personas digan cualquier cosa para que la gente los vea en la televisión o los oiga por radio. Porque la persona debe ser juzgada a base de la prueba que se presente en el juicio", puntualizó el licenciado Julio Fontanet, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Hace justo 65 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fijó una protección de garantía para la otorgación de un juicio justo e imparcial.
"Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal", reza el Artículo 10 del documento.
Según Fontanet, en el mundo occidental este derecho se maneja con relativa eficiencia, aunque observó que en ocasiones el gobierno pretende influenciar el ánimo del juzgador con determinados acusados.
"Esto pasa, por ejemplo, cuando el FBI filtra información falsa contra una persona juzgada o cuando una persona, sin preparación legal o periodística, analiza casos y conduce investigaciones. Ahí probablemente se difunde información de manera irresponsable, sin ningún tipo de reglamentación o cánones de ética", dijo el expresidente del Colegio de Abogados.
Por otra parte, Fontanet llamó la atención a los casos en que acusados o víctimas son de cierta clase social o grupo minoritario, entre los cuales mencionó a personas pobres, de nacionalidad dominicana o de una orientación sexual no tradicional.
"Se enfrentan a prejuicios intrínsecos, donde la opinión de ese juzgador ya está inclinada en su contra", dijo.
Fontanet insistió, sin embargo, que el que en...
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