Equity V. Secretario Daco, 1982, 113 D.P.R. 250
| Autor | Dra. Ruth E. Ortega Vélez |
| Páginas | 293-294 |
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El Derecho a Control y Revisión Judicial.
Hechos: Equity de Puerto Rico, Inc. opera una librería en la que ofrece al público un número limitado de las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, editadas bajo el rubro de Decisiones de Puerto Rico. Su actividad comercial en esta línea está regulada y restringida por los términos del contrato que el Tribunal anualmente somete a licitación en subasta. Como es usual en el género del librero, la querellada anuncia sus libros por catálogo y ocasionalmente por formatos breves. En 1974, el abogado Francisco Martín Vélez solicitó de Equity que le vendiera los tomos del 1 al 46 inclusive, y el tomo 54 de las Decisiones. El gerente general de la librería contestó al comprador interesado tener disponibles solo 15 tomos de los solicitados. Antes del pedido, Equity le había aclarado por carta al abogado querellante el agotamiento de algunos de los volúmenes solicitados, entrando en pormenores sobre las dificultades para reimpresión debido a la escasez de papel, de tela de encuadernar, la congestión de trabajo en las imprentas y el alza inusitada en los costos de labor. Transcurridos siete meses, el abogado promueve la intervención del D.A.C.O. El D.A.C.O. encontró a Equity incursa en acto “que constituye fraude o engaño", y le impuso multa de $200. El Tribunal Superior confirmó la decisión administrativa.
Controversia: Si la agencia y el tribunal erraron al no identificar en los hechos del caso elementos de excepción que lo excluyen de las prácticas o actos de comercio que se propuso sancionar la Asamblea Legislativa en legítimo esfuerzo para proteger al consumidor.
Decisión del Tribunal Supremo: Desestima la querella.
Fundamentos legales: El artículo de comercio en que trafica la querellada Equity consiste exclusivamente en libros relacionados con la enseñanza y práctica del Derecho. Los clientes de la editora demandada son ejercitantes de la profesión jurídica. No son consumidores desvalidos, ni mucho menos ignorantes.
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Al aprobarse la Ley Núm. 148-1968, creadora de la Administración de Servicios al Consumidor fue principal preocupación de la Asamblea Legislativa, expresada en la Exposición de Motivos, el desvalimiento del consumidor frente a prácticas indeseables de comerciantes.
El propósito de la Ley es prevenir y sancionar las prácticas...
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