Un estatuto energético sin salvaguardas
Puerto Rico cuenta con una nueva ley dirigida a que entidades privadas –sean empresas, cooperativas, individuos y hasta comunidades– generen electricidad en la economía más grande del Caribe, pese a su estancamiento prolongado.
Se trata de la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico de 2018, una promesa en el programa de gobierno de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, pero, sobre todo, una de las cinco reformas estructurales que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) estableció como condición en el plan fiscal certificado en abril pasado.
El pasado jueves, en un evento en Isabela, Rosselló Nevares anunció la firma de la ley, que promete dotar a Puerto Rico de un sistema eléctrico resistente y asequible.
Sin embargo, según el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) y dos expertos del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), la nueva legislación no atiende lo más importante: qué sistema energético necesita Puerto Rico y cómo asegurar la asequibilidad y confiabilidad de un servicio que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte –lo que quedó demostrado tras el paso del huracán María– y que es crítico para la vida cotidiana y la producción.
De igual forma, al plantear la privatización como solución al colapso de la infraestructura eléctrica de la isla, la nueva legislación parece dejar en segundo plano los avances que Puerto Rico ha alcanzado en materia de energía y que fueron refrendados la semana pasada por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), en un informe que la agencia federal publicó el pasado 20 de junio y que provee diversas recomendaciones para crear una red eléctrica resistente tras el desastre causado por el huracán hace nueve meses.
Tantea el mercado
“Este proyecto lo que permite es hacer un tanteo del interés de futuros compradores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, dijo Tomás Torres Placa, director ejecutivo del ICSE, al plantear que el nuevo estatuto dejó en el tintero la tarea de diseñar una nueva política energética para la isla.
Para Torres Placa, a pesar de los escollos, Puerto Rico se mueve en la dirección correcta cuando se trata de electricidad, al permitir la interacción de entidades privadas –desde personas y comunidades hasta empresas– en la generación eléctrica, una tendencia global. De igual forma, dijo el ingeniero, Puerto Rico también acertó al reconocer la necesidad de una estructura regulatoria energética.
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